El asesino judicial

El título de este artículo ha sido tomado del opúsculo La lucha por el Derecho del famoso jurista Rudolph von Ihering que alude a la obligación que todos tienen de defender el derecho, “su” derecho, porque la injusticia que se le infiere a una persona ataca a la sociedad entera. Cuando la comunidad es permisiva ante la injusticia, tarde o temprano cada individuo la sufrirá de alguna manera.

Para imponer su arbitrariedad el Estado, gigante, abusivo, ante la pequeñez individual del ciudadano requiere de una cabeza, brazos y pies; estos miembros le son imprescindibles para doblegar a la sociedad y esos órganos son el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y el Electoral y el Judicial es la guillotina tenebrosa lista para decapitar al ciudadano y con ello a la sociedad entera, porque con su brutal actuar siega la vida, la libertad y el honor de las personas.

El juez injusto y corrupto es el “asesino judicial” del que habla Ihering, es el que anda de rodillas ante el gobernante de turno que comete los crímenes más abominables, pero si el que es víctima de la injusticia no reclama y la sociedad ve con indiferencia el crimen judicial, ambos están cohonestando al asesino judicial porque con su silencio facilitan el crimen estatal. El ciudadano tiene el deber social de no permitir los asesinatos judiciales porque si no lo hace algún día le podrá tocar la misma suerte y sólo podrá quedarse a llorar.

Un ejemplo está expuesto en el cadáver de Marco Aramayo, que posiblemente no ha debido ser en vida un “alma bendita” como cualquier mortal de la Tierra, pero ojalá alguien nos ilustre avisándonos de una persona que fue encerrada siete años en 56 cárceles SIN SENTENCIA, torturado y humillado, sometido nada menos que a 256 procesos inventados, enfermo con diabetes e hipertensión, ¿quizás fueron Calígula, Nerón, Hitler, Stalin, Torquemada que torturaban de esa manera a sus víctimas hasta matarlos? ¿Y cuál el delito cometido por Aramayo? El de haber denunciado actos de corrupción gubernamental en el Fondioc, creado supuestamente para el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas, cuando en realidad dichos cuantiosos fondos económicos fueron a engordar a politicastros “plurinacionales”.

Y qué decir del modesto cargador, que así trabajaba para ganar unos cuantos centavos, acribillado el pasado miércoles 20 por el Estado en la ciudad de Santa Cruz y cuya humilde familia sólo llora, carente de dinero para pagar el ataúd. Casos como los precedentes son imposibles de contar.

La sociedad entera debería sacudirse de su modorra y darse cuenta que estamos frente al “asesino judicial” de Ihering.