Magistrados dignos e indignos

En el fondo la ‘división de poderes’ –postulado introducido por Montesquieu– es un dogma metafísico que no resiste la más leve crítica científica, pero que se la admite como una precaución política para evitar la entronización del autoritarismo y del totalitarismo, porque en realidad no existen varios poderes dentro del Estado, el ‘poder’ es uno solo, eso lo sabe hasta el más desprevenido, de ahí que los denominados “poderes” del Estado en realidad son “órganos” del Estado, realidad que facilita que los gobiernos centrales avasallen de diferentes maneras la independencia judicial.

Ya el eximio jurisconsulto Luis Paz en su Historia de la Corte Suprema de Justicia refería que el año 1848 después de sangrienta guerra civil, Manuel Isidoro Belzu declaró la cesantía de la Corte Suprema de Justicia, arguyendo que “la deficiencia de las tesorerías” no permite estos gastos… y luego verticalmente designó a los magistrados que él quiso.

Señala Luis Paz que revisando el acta de la Corte Suprema de 31 de diciembre de 1851 se lee que: “De presidente de la corte deberá continuar el señor Callejo, por haberse así resuelto por el gobierno supremo”, así el gobierno nombraba a sus sirvientes judiciales. (Hoy se manipula con la “elección” de magistrados.)

Posteriormente, en cuanto no fue complacido el gobierno procedió a la prisión y al destierro de tres de sus magistrados que según acta de 28 de noviembre de 1850: “No asistieron al despacho los señores Cuellar, Rengel y Maldonado por seguir presos… han salido desterrados, por consiguiente no deberán volver a la sala.” (Luis Paz).

Esta es apenas una muestra de cómo los gobiernos atropellaban a la justicia. Casimiro Olañeta inaugurando el año judicial de 1859 interpelaba: “Visteis al patriota Urcullo (el primer presidente de la Corte Suprema y héroe en la Guerra de la Independencia) con cuarenta años de servicio,  conducido a un inmundo calabozo donde los verdugos de la tiranía intentaron borrar sus méritos… y otros (magistrados) confinados a tierras lejanas o salvando su dignidad entre bosques y escondites.” (Luis Paz).

Ya en nuestro tiempo la violación a la independencia judicial no cesó, pero también existieron actos de dignidad que se enfrentaron a las dictaduras. Así, en su discurso informe de 1973, en plena dictadura militar de Hugo Banzer, en presencia del mismísimo Ministro del Interior (ministro de la represión), el Dr. Hernán Ayala Mercado, presidente de la Corte Suprema, en acto que lo dignifica decía:

“… nada haremos ni dejaremos que se haga contra, por encima o al margen de las leyes; a ellas debemos sujetarnos pueblo y gobierno…” y refiriéndose expresamente al “poder central” denunció: “… la actitud impropia de algunos funcionarios del Ejecutivo, en cuya mente no penetra el concepto de que el Poder Judicial, junto a los otros poderes,  son la expresión del ejercicio de la soberanía por el pueblo … que gozan de independencia unos de otros … lo contrario es negar la propia esencia del Estado.” y con entereza y rebeldía añadía el magistrado: “En los últimos años se han promulgado… numerosos decretos ley cuya vigencia es limitada hasta el instante en que se formalice la situación institucional del país” (¡!) y luego exigió a que se convoque a una asamblea constituyente a fin de dotar de una nueva constitución.

Con estas palabras el magistrado de honor le decía al dictador que los “decretos leyes” no eran instrumentos de la libertad y la convocatoria a una asamblea constituyente significaba decirle al tirano que deje el poder y que se devuelva la soberanía al pueblo.

Mayor defensa de la independencia judicial no podía demostrarse públicamente frente al abuso del poder.

A los pocos días, el Dr. Ayala Mercado, renunció al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy en cambio tenemos una podredumbre de incultos magistrados, autoprorrogados, que avergüenzan y una masa de jueces inescrupulosos convertidos en mercaderes de la justicia entregados en cuerpo y alma a los dictados de un triste gobierno seudosocialista.

El autor es jurista