“Dinosaurios” y delitos
Todo comenzó, lo sabemos, aquel triste lunes 9 en que una estampida, a consecuencia de la activación de una granada de gas en medio de una asamblea universitaria en un coliseo, en un ambiente cerrado, en Potosí, causó las muertes de cuatro estudiantes, dejó otros siete en terapia y al menos 80 heridos. El doloroso hecho concentró la atención nacional en ese suceso, que a medida que han transcurrido los días ha revelado un trasfondo vinculado a las dirigencias universitarias prorrogadas por años de los que son conocidos como los “dinosaurios”.
Lo que inicialmente se consideraba como una causa en realidad puede que sea una consecuencia. Para consolidar tal hipótesis hace falta el trabajo del Ministerio Público, que suele sin embargo ser deficiente, sobre todo porque está politizado y subordinado al poder. Lo que sostenemos es que poco a poco se descubre que los hechos de aquel día fueron premeditados —respondían a una intencionalidad y eran dolosos— para evitar que afectaran los intereses del grupo dirigencial que hoy, a la cabeza del “estudiante” de 54 años, en segundo semestre y eterno repitente, Max Mendoza, ocupa la Confederación Universitaria Local, que agrupa a las organizaciones estudiantiles de la universidad pública.
¿El motivo? Si se sigue la pista del dinero, inevitablemente se llega hasta Mendoza, quien recibía ilegalmente un sueldo de más de 20 mil bolivianos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, entre otros beneficios, por ser la cabeza del Presidium del XIII Congreso de Universidades de Bolivia, que quedó “congelado” tras la muerte del estudiante Jonathan Quispe de la UPEA en 2018; en ese limbo, Mendoza gozó de ingresos que, sumados, superan el millón de bolivianos, y la elección de una nueva Federación Universitaria Local (FUL) en Potosí, adversa a sus intereses, ponía en riesgo la estructura creada por este “dinosaurio” para enriquecerse como dirigente, lo cual, para él, se convirtió en un modo de vida o, si se quiere, como una forma de apropiarse de recursos públicos destinados a la educación superior. Pero Mendoza no es el único. Ha salido a la luz el caso del secretario de la FUL de la UMSA de La Paz, Álvaro Quelali, quien es “estudiante” desde hace 20 años. Y seguramente que hay otros, iguales o peores, todos con un nítido perfil delincuencial, pero que disimulan bajo el rótulo de ser “estudiantes”, aunque en realidad son operadores políticos del MAS en las universidades públicas.
Por eso, en una medida que debía ser tomada hace mucho, se ha comenzado a suprimir los privilegios de estos infames “dinosaurios”. A Mendoza le han quitado el sueldo que percibía ilegalmente, sus viáticos y los dos vehículos que tenía asignados; se ha informado que Quelali administra 4,2 millones de bolivianos anuales y tiene asignado un motorizado. Sin embargo, estos dos “universitarios” controlan otros beneficios como los aportes estudiantiles, las becas comedor, las residencias, para referirnos solamente al dinero que es visible.
Hay que llevar estos casos a sus últimas consecuencias, caiga quien caiga. Y también la investigación debe llegar a las autoridades universitarias que avalaron la administración delincuencial y dolosa de los “dinosaurios”.
