Quieren matar a Eidy

“Todos sus detractores dentro del partido (MAS) y del aparato estatal eran callados o en casos más extremos llevados a situaciones extremas, como la muerte”, se lee en el tercer párrafo de un largo comentario compartido el domingo pasado en la página que tiene en Facebook el exministro de Gobierno, Carlos Romero. Titulado Álvaro y su sonrisa condescendiente. Parte 1. El negocio macro con su socio y testaferro Carlos Gill Ramírez, la publicación quedó colgada en el féis de Romero hasta el jueves último, siendo borrada de inmediato tras una rectificación del exministro, quien negó ser el autor de la misma y descargó la responsabilidad en un miembro de su equipo de comunicación, que la habría “compartido erróneamente”.

Queda clarísimo que la publicación estaba dedicada al exvicepresidente Álvaro García Linera. El contenido de la misma es una suma de graves acusaciones que se resume en la siguiente afirmación: “este oscuro personaje (…) siendo vicepresidente por casi 14 años y a espaldas del entonces presidente Evo Morales logró crear una estructura monstruosa de intereses económicos alrededor del Estado boliviano (…) en diferentes campos (…) ferrocarriles, hidrocarburos, infraestructura, tierras, minería, logística, agronegocios, transportes, comunicaciones, construcción, medios de comunicación, educación y últimamente se encuentra incursionando en el narcotráfico con su protegido Eduardo Del Castillo”. Este es sólo un apretadísimo resumen de la publicación que logró ser guardada por algunos medios, entre ellos el que dirige Junior Arias.

Me doy el trabajo de compartir al menos esos dos largos párrafos para sostener el titular de esta columna: Quieren matar a Eidy. Hablo de María Eidy Roca Justiniano, exministra de Salud durante un periodo del gobierno de la presidenta constitucional Jeanine Áñez, a la que el Ministerio Público y la Sala Penal 4 del Poder Judicial, ambos de La Paz, parecen querer llevar a la muerte, en complicidad con el Instituto de Investigación Forense de la Fiscalía de Santa Cruz. No hay otra explicación para la actuación de los jueces y fiscales al mando del proceso iniciado en contra de la exministra, a la que acusan de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en la compra de 344 respiradores chinos, en el que presumen un daño económico al Estado de seis millones de bolivianos.

Veloces para pasar de la imputación formal por parte de la Fiscalía paceña a la orden de detención domiciliaria por parte del juez (menos de una semana), pero lentos a la hora de pronunciarse sobre la imputación a esa orden judicial por parte de la defensa de Roca (demoraron seis meses para dar una respuesta obligada en 72 horas), tampoco han dudado en forzar argumentos para negarle el derecho a defenderse en libertad y a permitirle viajar al exterior para recibir la atención médica especializada que demanda con urgencia. Hay que escuchar el argumento expuesto por el vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz, Orlando Rojas, sobre la base de un indignante y distorsionado certificado médico forense suscrito por el experto forense del IDIF de la Fiscalía de Santa Cruz, Dr. Percy Cuéllar Almendra.

Digo indignante y distorsionado, porque en dicho informe el perito forense afirma que la imputada, la doctora Roca, “no se encuentra en grave peligro”, afirma que su “estado de salud es regular”, cuando salta a la vista el grave deterioro físico de la exministra, la que no puede ya ni hablar, está inmovilizada, sometida a una traqueotomía que la obliga a alimentarse por sonda, con un cuadro agudo de desnutrición y un diagnóstico médico que certifica que sufre de encefalitis aguda postcovid, secuelas de infartos cerebrales, además de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Un cuadro grave para el cual no hay tratamiento médico adecuado en Bolivia, como lo certificó la defensa ante la misión de la CIDH que visitó nuestro país hace un par de semanas.

Si alguno de los lectores de esta columna duda de lo aquí describo, los invito a asistir el reporte que compartimos ayer en #PeriodismoSinPhotoshop, en el que incluimos una parte de la audiencia virtual celebrada hace unos días y en la que Eidy Roca apenas logra hablar (https://fb.watch/jWJ_hH2SLy/). Imposible que el fiscal, el experto forense y el vocal del Tribunal de Justicia de La Paz sufran de ceguera colectiva para no percibir el grave estado de salud de la exministra. Por eso, el abogado defensor, Jorge Valda, no pudo dejar de preguntarle al juez, “¿se ha deshumanizado?” y de calificar su actuación como una sentencia de muerte. La misma sentencia dada ya antes al exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, o la sufrida por el presidente del Comité Cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel, o la padecida mucho antes por el expresidente del Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic.

Parece que la táctica atribuida al exvicepresidente Álvaro García Linera en la publicación aparecida en el féis del exministro Carlos Romero, en sentido de que mandaba callar a sus detractores llevándolos a situaciones extremas como la muerte, está siendo emulada por fiscales y jueces que no dudan en someter a torturas psicológicas y físicas a los imputados por delitos diversos, en los que el factor común es que se trata de exfuncionarios del gobierno de Áñez, dirigentes políticos y cívicos contrarios al partido de gobierno, e incluso a los propios militantes del MAS que no se someten al mando superior, ni aceptan ser parte de malos manejos en la administración pública, como fue el caso de Aramayo.

Un panorama muy grave que lleva a reforzar la campaña ciudadana impulsada para la reforma de la justicia, vía referéndum para la modificación parcial de la Constitución. Sí, es posible que no sea el camino ideal, pero es el único que ha trazado una línea de acción hacia ese objetivo. Es la única propuesta que avanza y que está logrando movilizar a la ciudadanía, un efecto molestoso para la cúpula que gobierna y para la del partido oficialista, a las que no les interesa en absoluto reformar la Justicia, sino todo lo contrario: ajustar más las clavijas que andan medio sueltas y consolidar el control político total de la Justicia.

Me voy con una inquietud: ¿lograrán ejecutar una vez más una sentencia de muerte, sin que luego tengan que pagar por estas condenas injustas? Así ha pasado con Bakovic, con Aramayo, con Manuel y tantos otros: los que los empujaron a la muerte no han llegado siquiera a estar sentados frente a un tribunal de justicia. Todo lo contrario, siguen gozando de privilegios e incluso algunos hasta han sido premiados con cargos y ascensos. Es el país que tenemos, es el drama que soportamos y al que, parece, nos hemos acostumbrado.

La autora es periodista, www.maggytalavera.com