Las leyes ambientales como un simple libreto que nadie sigue

Bolivia se ha caracterizado por contar con leyes de vanguardia, y no podía ser diferente en temas ambientales, tal es así que desde el año 1992 ya se contaba con la Ley del Medio Ambiente, incluido sus Reglamentos, que en esencia es una verdadera revolución legislativa, cuyo propósito principal es la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales (art. 1 LM), al cual acompañan otras leyes que establecen incluso una calidad de derecho de la madre tierra; a lo que se suma la Constitución Política el Estado del año 2009, cuyo art. 33 eleva a un rango de Derecho Fundamental, el derecho a un medio ambiente sano. Por si fuera poco, incluso esta CPE ha dado origen a una Jurisdicción Especializada, como la Agroambiental.

De todo el marco normativo, se tiene que el propósito fundamental es, no solo la naturaleza, sino la salud y la vida de los seres humanos, ya que para nadie es desconocido que la explotación desmedida de los recursos naturales, y la saturación del parque auto motor, más la incorporación de área boscosa a la función urbana, hace que tengamos que experimentar el famoso cambio climático, donde se presenta el efecto invernadero, y muy pronto la vaporización del agua por las elevadas temperaturas, como resultado de la deforestación, prueba de ello son las ciudades del eje que prácticamente ya no tienen la cobertura boscosa, y a eso se llama desarrollo.

Por lo tanto, este marco normativo está para identificar a los agentes que provocan desequilibrio ambiental, sea por deforestar, por contaminar, al extremo de poner en riesgo la vida –caso del uso de mercurio-, pero sucede que pese a la vigencia de la Ley no se tiene uno solo que haya sido denunciado, procesado y mucho menos condenado por daño ambiental, lo que significa que los responsables de la degradación y contaminación ambiental siguen impunes; lo que significa que la Leyes están ahí, pero ni el Estado, mucho menos los ciudadanos de pie recurren a su aplicabilidad, tal es así que a la fecha no se ha resuelto y mucho menos se ha impuesto sanciones a las infracciones y hasta delitos ambientales por daño ambiental, quedando no solo en una total impunidad, sino dejando sin posibilidad de restaurar el daño ambiental, dando lugar a leyes buenas pero inservibles por su falta de aplicación.