Reglamentar la venta y consumo de coca

Es imprescindible que se apruebe un instrumento que garantice salubridad plena en favor de las personas que consumen la hoja de coca, frente al aumento de lugares de expendio y machucado en todo el territorio nacional. Respetando el consumo ceremonial, medicinal y cultural, y reconociendo la legalidad de quienes lo reivindican utilizándola en trabajos intensos o actividades lúdicas, necesitamos un instrumento que regule el acullico en espacios públicos y sociales y que respete los derechos de quienes no lo hacen, al mismo tiempo que garantice la inocuidad de un producto altamente manipulado.

Conocemos que no existe control previo sobre la hoja de coca consumida por la población, pues se ha constatado “concentración de bacterias con valores fuera de las permitidas para alimentos de este tipo, y de alta contaminación con hongos, parásitos y cuerpos extraños como piedrillas, telas de araña, cabellos”, como lo evidencia el Estudio microbiológico en la hoja de coca chapareña y yungueña en Bolivia.

Esta situación inocultable demanda fiscalización sobre su venta y consumo en espacios públicos por las incomodidades que genera el olor de la hoja, rechazado por una parte de la población. Al mismo tiempo es necesario regular el destino de los deshechos de su masticación, y se asuma, por primera vez en Bolivia, la responsabilidad de ofrecer garantías de salubridad para un consumo masivo e irrestricto.

Reconocemos que el consumo de coca en el ámbito personal, familiar, social, fraternal, laboral, empresarial, y en instituciones de régimen cerrado, se resuelve de manera práctica por las relaciones directas y la naturaleza de las actividades. Sería inadmisible ser atendidos por un funcionario de banco, farmacia o supermercado que está “boleando”; sin embargo, no existe una norma que regule su consumo en los espacios públicos, generando un vacío que no puede dejarse por más tiempo que sean las personas quienes lo resuelvan.

Para definir lo imprescindible, resulta obvio que los expendedores de hoja de coca para consumo humano, tengan un certificado del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) que garantice la inocuidad del producto quedando así sujeto a condiciones similares a las que tienen cigarrillos y bebidas alcohólicas. Parece lógico exigir, también, que la reglamentación prohíba el consumo de hoja de coca a funcionarios y servidores públicos, civiles, policiales, militares, judiciales, educativos y de salud, dependientes de cualquier nivel gubernamental, durante el horario de sus funciones y en sus lugares laborales. ¿Y quién podría oponerse racionalmente que en esta categoría se incorporen a quienes transportan pasajeros, cualquiera sea la modalidad del motorizado y el servicio que presta: buses, taxis, turismo, transporte de menores, personas de la tercera edad y discapacitados, ambulancias y carros bomberos?

Sin duda, una molestia no menor es la que generan los desechos de las hojas consumidas y arrojadas en espacios públicos, calles y plazas. ¿Cómo es que no hemos superado esta molestia, que nada tiene que ver con el carácter ceremonial o curativo de la hoja de coca?

Si bien existen expendedores que ofrecen la denominada “coca social” con algún grado de presentación decorosa, aunque tampoco tienen controles sanitarios, habrá que reconocer que el problema más complicado se encuentra en los puntos de machucado directo, una alternativa laboral extendida desde Cobija hasta Yacuiba, teniendo a la ciudad de Santa Cruz como punto de crecimiento más alto. ¿Cómo se puede establecer fiscalización sobre este contingente humano que realiza su actividad, incorporando sustancias potenciadoras y sin un análisis que garantice salubridad? Conocemos las fotos públicas de los lugares a cielo abierto y con animales domésticos en los alrededores, en los que se procesa el secado de la hoja de coca.

Tengo la convicción que este es un trabajo ineludible de los gobiernos municipales para que reconozcan que estamos frente a una actividad económica, la formalicen, cobren una tasa por las ganancias que genera, y sean quienes realicen el control de base en razón de su responsabilidad con la salud primaria y el segundo nivel de cobertura.

A ellos, debe sumarse el gobierno nacional para investigar además de sus virtudes y potencialidades comerciales, las consecuencias reales del consumo excesivo a partir de casos de cáncer en cavidad bucal, el impacto de productos químicos que ofrecen un “acullico recargado”, y las consecuencias de incorporar en el cuerpo micropartículas de plástico por quienes consumen las hojas directamente machucadas en la bolsa verde.

Una cosa está clarísima, no podemos ignorar el fenómeno y sus consecuencias.