El costo de los bloqueos
Poco más de dos semanas de bloqueos en las carreteras principales que unen occidente con oriente dejan pérdidas que van más allá de las económicas y cuyo impacto acrecientan la incertidumbre acerca del futuro mediato del país, especialmente en la perspectiva de las elecciones generales que deberían realizarse en octubre de 2025, en 20 meses más.
Funcionarios gubernamentales estiman en alrededor de mil millones de dólares el monto de los perjuicios económicos resultantes de la obstrucción de rutas ejecutada por movilizados de organizaciones que pertenecen a la facción evista del Movimiento Al Socialismo.
Son pérdidas cuyo impacto, “sin duda, se va a sentir en los próximos meses”, decía hace tres días el Ministro de Hidrocarburos refiriéndose a los perjuicios sufridos por empresarios que dependen de los carburantes para producir.
Y su colega de Obras Públicas lamentaba los más de siete millones de bolivianos que Vías Bolivia dejó de percibir por concepto de peajes, además del costo que significará reparar los daños causados a las carreteras en los puntos de bloqueo.
Otro daño mayor para el Estado, y por consiguiente para todos los bolivianos resulta de la rebaja que aplicó a Bolivia la consultora internacional Fitch Ratings a la calificación de las deudas a largo y corto plazo en moneda nacional y en divisas.
“Las calificaciones de deuda más bajas pueden dar lugar a mayores costos de endeudamiento y una menor confianza de los inversores”, explica el sitio financiero Fastercapital citando ejemplos de países que experimentaron un aumento en los costos de su endeudamiento como resultado de la rebaja en sus calificaciones internacionales, precisamente en contextos económicos complicados como el que vivimos ahora.
No son sólo perjuicios económicos los que sufre el país como resultado del conflicto que terminó ayer al sancionarse y promulgarse la ley que convoca a elecciones judiciales.
Pensemos en las ocho personas muertas en circunstancias directamente relacionadas con los bloqueos y en las decenas de miles de ciudadanos que sufrieron las contingencias de no poder llegar a donde viajaban. Esos son perjuicios imposibles de cuantificarse.
Tampoco es cuantificable el efecto que tiene y tendrá este conflicto sobre la confianza ciudadana en el régimen democrático que hemos optado para ser gobernados, en las instituciones del Estado responsables de conducir el destino de Bolivia, en las organizaciones políticas y en sus líderes.
La desconfianza genera incertidumbre y una medida de la que sentimos puede resumirse en la pregunta: ¿por qué no se pudo aprobar la ley de convocatoria a elecciones judiciales sin necesidad de un bloqueo tan perjudicial?




















