El fallido Estado plurinacional

Es innegable que la debacle del partido que gobierna Bolivia desde hace más de 19 años, ha puesto en cuestión los tres pilares que sostuvieron su poder: el sistema económico estatista, el modelo populista y el Estado plurinacional, las bases conceptuales sobre las que construyó todo su andamiaje simbólico y discursivo, y con las que adecuó la historia, las relaciones económicas y la diversidad cultural, a su propia narrativa ideológica.

De los tres componentes, el más complejo es sin duda el Estado plurinacional, una forma de organización política basada en una especie de federalismo étnico y racial que reconoce derechos especiales a la libre determinación, autonomía y autogobierno a las personas que se autoidentifiquen como miembros de uno de los pueblos indígenas que existen dentro de la nación boliviana.

El concepto, que apareció por primera vez en un artículo del exvicepresidente García Linera en 2004, era la fórmula perfecta que encontraron los teóricos del socialismo del siglo XXI para destruir el Estado-nación boliviano y crear una nueva entidad que les permitiera controlar a las impertinentes instituciones de la democracia liberal.

El Estado plurinacional se consolidó en la Asamblea Constituyente (AC) de 2008, que lo instituyó como el modelo de organización eficiente para moldear el país al antojo de la naciente autocracia.

A raíz de la fuerte controversia que generó la propuesta, especialmente por el riesgo de que el país se dividiera, los orquestadores de la AC incorporaron todos los términos en debate, generando una farragosa definición de la naturaleza de nuestro país, que finalmente quedó como un “Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado, con autonomías, fundado en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico”, una suerte de bazar ideológico que no pudo ser explicado ni sustentado por sus autores y menos adoptado por los ciudadanos.

Curiosamente, la propia Carta Magna aprobada en 2009, reconoce en cinco de sus artículos, que la primigenia República sigue existiendo, y mezcla en una sola categoría, a grupos sociales disímiles como las naciones indígenas, pueblos originarios, poblaciones campesinas, comunidades afrodescendientes, e interculturales, confirmando que el modelo plurinacional fue producto de un desordenado plan para imponer un proyecto hegemónico que destruyó la poca identidad nacional existente, mostró escasa comprensión de la realidad del país, develó un gran desprecio por el pueblo boliviano, pero sobre todo, distorsionó y se apropió de las legítimas reivindicaciones de los pueblos indígenas.

Sin embargo, 19 años de propaganda y una fuerte dosis de manipulación, marketing político, referencias seudohistóricas, neolenguaje y simbolismo, terminaron por posicionar en una gran parte del imaginario nacional, la idea de que vivimos bajo un Estado plurinacional inclusivo, sin discriminación, e igualitario.

En el fondo, el modelo sirvió de fachada para imponer un gobierno autocrático donde el partido se apoderó del Estado, mientras que los pueblos indígenas —usados como discurso— no mejoraron sus condiciones de vida.

El Índice global de Pobreza Multidimensional del PNUD (Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo) de 2021 señala que en Bolivia “las comunidades indígenas (…) representan el 75% de los pobres multidimensionales”, y el propio viceministerio de Descolonización confirmó en 2022 que al menos 18 pueblos indígenas de Bolivia se encuentran en una lista de "alta vulnerabilidad", es decir en peligro de extinción.

Esto sin mencionar la vulneración constante de sus derechos políticos y territoriales, la desprotección institucional, el acceso limitado a la justicia, la desatención de sus necesidades básicas, etc.

Lo peor de este modelo es que, tras imponerlo constitucionalmente, el partido gobernante se arrogó el monopolio de la representación de los indígenas, usando su nombre y derechos para instituir un sistema de confrontación, desconfianza y división entre bolivianos que sirvió para lograr el control de regiones, partidos y proyectos que cuestionaban sus decisiones.

La imposición de un sistema de organización política basado en la etnicidad no solo fue un fracaso, sino que nos colocó frente a una barrera que dificulta alcanzar un estado de igualdad e identidad común donde cada persona tenga el mismo valor por ser boliviano y no por el color de su piel, lugar de nacimiento o idioma.

Por eso mismo, una de las tareas ineludibles para el futuro inmediato, es la apertura de caminos de integración e inclusión genuinos, que privilegien la unidad impulsando un desarrollo integral y libre, basado en la igualdad plena de derechos y deberes y la solidaridad, donde el horizonte sea la grandeza de la nación boliviana y el bienestar de todos, y que respeten y valoren la diversidad, trascendiendo el modelo artificial que utilizó a los pueblos indígenas para sustentar el afán de poder y dominación.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia