Reingeniería del Estado o repetición del fracaso

Bolivia atraviesa por una etapa profundamente incierta, tanto en su naturaleza como en su destino. Tras el fin del populismo y la emergencia de un Gobierno liberal, no está claro si nos encontramos ante una transición, un quiebre histórico o simplemente un ajuste temporal provocado por la crisis económica.

Tampoco sabemos si este proceso desembocará en un nuevo modelo de organización política y económica, si se mantendrán algunos pilares mientras se modifican otros, o si, superada la coyuntura, retornaremos al mismo punto de partida.

Lo que sí parece evidente es que reducir el objetivo nacional solamente a estabilizar la economía sería un error estratégico que aliviaría la presión en el corto plazo, pero nos condenaría a repetir las mismas fallas sistémicas en pocos años.

La crisis que enfrentamos tiene causas estructurales y profundas que se han acumulado durante décadas. La primera de ellas es la debilidad de nuestra identidad nacional. Aunque todos nos reconocemos como bolivianos, no compartimos una idea común de lo que eso significa.

Para algunos, Bolivia es su departamento; para otros, su pertenencia étnica, su ideología o su posición social. La consecuencia es la falta de diálogo entre regiones, estamentos o sectores, y una tendencia a la segmentación y el aislamiento.

A ello se añade un complejo y variado sistema de representaciones simbólicas. Tenemos una capital política y otra administrativa, conmemoramos un día de la patria y otro del Estado, somos al mismo tiempo república unitaria y Estado Plurinacional y nos representan tres banderas nacionales.

La fragmentación identitaria impide construir un proyecto nacional compartido y, lejos de articularse en un sistema coherente, suele convertirse en un factor sustancial de desunión, desconfianza y confrontación.

A esa fragilidad se suma una división atávica, excesiva y disfuncional. Con apenas 12 millones de habitantes, Bolivia se divide en nueve departamentos, 112 provincias, 1.384 cantones, 343 municipios, 63 circunscripciones uninominales, 36 pueblos indígenas, ocho autonomías indígenas y 405 territorios comunitarios de origen, que conviven sin una lógica clara de eficiencia, representación ni coordinación.

Otro rasgo estructural es la precariedad del sistema político. Las leyes, para que sean viables, muchas veces deben ser negociadas con sindicatos. No existen partidos sino asociaciones de intereses, que carecen de base social, ideología o fundamentos programáticos.

La representación parlamentaria emerge de figuras mediáticas y reciclajes políticos. Eliminada la meritocracia y sin legitimidad, las instituciones agonizan entre la corrupción y la ineficiencia crónica.

En lo económico, predomina la informalidad. El contrabando supera los 3.500 millones anuales y la industria nacional agoniza, los dólares que circulan fuera del sistema triplican a los depósitos bancarios, el empleo formal no alcanza al 10%, prevalece la inseguridad jurídica y el comercio informal, y el nivel de conflictividad es uno de los más altos de la región.

A esto se añade una hipertrofia normativa que debilita el Estado de derecho. Nuestra Constitución, con 411 artículos, se parece más a una ley ordinaria que a una norma marco. Desde 2009, se han promulgado 1.705 leyes y 5.524 decretos, un promedio de 452 normas superiores por año.

El resultado es un sistema rígido, disperso y poco eficaz, en el que las normas rara vez resuelven problemas reales y en el que el incumplimiento se vuelve la regla.

Finalmente, Bolivia muestra una persistente tendencia a adoptar recetas externas para diseñar sus políticas públicas y modelos de desarrollo. Desde planes económicos hasta reformas institucionales, pasando por modelos educativos, sociales y productivos, hemos aplicado fórmulas importadas ajenas a nuestra realidad y a nuestras capacidades.

El resultado es un Estado que no funciona porque está distanciado de la nación. No la comprende ni la representa. La realidad social y económica avanza por caminos distintos a los de la planificación, la arquitectura legal y el discurso político.

La salida no pasa por precarizar al Estado ni crear más instituciones, sino por una reingeniería profunda; un rediseño integral de la organización territorial, de la representación política y del marco legal. Esto implica reducir y fusionar niveles administrativos, redefinir competencias, simplificar normas, modificar la representación política, garantizar la libre empresa y liberar la economía productiva.

Persistir en ajustes parciales y soluciones de corto plazo solo postergará una crisis que volverá con mayor intensidad. La reingeniería del Estado no es una consigna ideológica, sino una condición para reconstruir la relación entre nación, ciudadanía y poder.

El debate debe encarase ahora. No hacerlo nos condenará a seguir funcionando de manera precaria, fragmentada e informal, administrando la crisis en lugar de resolverla.

Si esta oportunidad se desperdicia, no será por falta de diagnósticos ni de evidencia, sino por ausencia de liderazgo, voluntad política y visión de largo plazo.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia