Cierre de empresas estatales
El reciente anuncio del Gobierno de Rodrigo Paz de cerrar las empresas públicas deficitarias en un plazo de 90 días como parte de las medidas previstas en el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 marca un punto de inflexión en la economía boliviana.
Con este anuncio, el Gobierno Nacional dejó claro que ya no puede seguir sosteniendo el sueño de la industrialización y más aún cuando se espera un 2026 complicado con una inflación que bordeará el 20 por ciento y una economía sin perspectivas de crecimiento.
El Gobierno del expresidente Luis Arce impulsó, entre 2020 y 2025, la creación de al menos 150 plantas de industrialización. Entre los ejemplos de estos emprendimientos están la Planta de Biodiésel II, en El Alto, con Bs 449,7 millones de financiamiento y otra de similares características en Santa Cruz con Bs 333,5 millones.
Las dos plantas superan los 700 millones y en su momento se presentaron como la solución a la escasez de combustibles que ahora afecta nuevamente al país a pesar de la eliminación del subsidio a los combustibles por la guerra entre EE. UU. e Irán que ha elevado el costo del precio internacional del barril de petróleo por encima de los 90 y, aun, 100 dólares.
Además, de las plantas de biodiesel, el anterior Gobierno implementó otras de diversas características como la Planta de Envases de Vidrio de Bolivia en Chuquisaca con un financiamiento de Bs 260 millones, la Planta de Procesamiento de Frutales Ecológicos en Tarija y la Planta Procesadora de Industrialización de Tallarín de Maíz en Toco con Bs 6,5 millones.
A mitad de gestión el expresidente Arce apostaba por estas plantas. “Más de 150 plantas serán la esencia de la industrialización e integrarán un aparato que revolucione los sistemas productivos en todas las zonas estratégicas”, decía en la revista Industrialización rumbo al Bicentenario, publicada por el Ministerio de la Presidencia.
Si bien muchas de estas plantas se presentaron en su momento como un pilar para la industrialización con sustitución de importaciones hoy en día se considera que varias de estas empresas públicas son deficitarias y la administración de Rodrigo Paz ha dado el primer paso para su cierre en un plazo de 90 días.
Si bien el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció que las empresas que se crearon por decreto se cerrarán por decreto y las que se crearon por ley con una ley una característica de este proceso de liquidación debiera ser la transparencia. Por ello, el Gobierno Nacional debe esmerarse en que el fin de las factorías se lleve adelante de la mejor manera y los legisladores nacionales y departamentales están llamados a realizar una fiscalización y seguimiento riguroso de este proceso para evitar irregularidades.
