“Más de lo mismo”

En política, la expresión del título se utiliza para describir la repetición de viejas prácticas bajo nuevos discursos. Es la continuidad de una determinada forma de concebir la política y ejercer el poder.

A la luz de los hechos, el Gobierno de Rodrigo Paz, que despertó enormes expectativas de cambio, lamentablemente comienza a encajar en esa definición.

Esta expresión, “más de lo mismo”, comenzó a popularizarse en Bolivia durante la segunda mitad del régimen masista, cuando quedó en evidencia que, pese al discurso refundacional, muchas de las prácticas que decía combatir sobrevivían intactas. El llamado “proceso de cambio” terminó reproduciendo buena parte de los vicios del ciclo de la democracia pactada, e incluso profundizó algunos de ellos.

Entre esos males estructurales destacan el patrimonialismo, la corrupción y el prebendalismo. Son patologías que atañen a Gobiernos de izquierda y de derecha.

Paradójicamente, en la izquierda, donde menos deberían existir –supuestamente por los valores de igualdad y ética pública que proclaman– es donde alcanzaron su mayor desarrollo. Durante el régimen masista estas prácticas llegaron incluso a naturalizarse, como si fueran componentes inevitables del ejercicio del poder.

El patrimonialismo consiste en administrar el Estado como si fuera propiedad del gobernante de turno. Desaparece la frontera entre lo público y lo privado. Los bienes del Estado dejan de pertenecer a la sociedad para convertirse, en la práctica, en patrimonio del grupo gobernante. Los bienes públicos acaban siendo usados como si fueran propiedad privada.

Con el nuevo Gobierno nada parece haber cambiado. Rodrigo Paz no solo utiliza los bienes públicos con una preocupante discrecionalidad; también terminó apropiándose de las distinciones del Estado.

A ocho meses de iniciado su mandato, fue condecorado con la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en el grado de Gran Collar, la máxima distinción que concede Bolivia. La escena fue, cuando menos, repulsiva: un presidente premiándose a sí mismo mientras el país enfrenta una de las crisis más profundas de su historia reciente.

Algo similar ocurre con la distribución de cargos estratégicos. Aduana, administración aeroportuaria, Boliviana de Aviación (BoA) y otras instituciones aparecen nuevamente ocupadas por “clanes”, amigos y aliados políticos. El criterio dominante vuelve a ser la lealtad personal antes que el mérito. ¿Qué cambió, entonces, respecto a la vieja manera de administrar el Estado como si fuera propiedad del partido de turno?

Veamos ahora la corrupción. Bastan dos casos para comprender la magnitud del problema: el denominado “caso maletas” y el decomiso de 189 kilogramos de oro que pretendía ser transportado ilegalmente, en vuelo charter, a Dubái. Diversas versiones sostienen que originalmente eran 211 kilos. Hay todo un velo de misterio que deja entrever enormes niveles de corrupción.

No existe ni la más mínima transparencia en ambas investigaciones. Si el Gobierno fuera “limpio” los dos episodios, sobre todo el primero, ya debían estar totalmente esclarecidos. Sin embargo, solo hay dudas, hermetismo y muchas sospechas.

Estos casos son muy delicados pues, en la medida en que no sean del todo esclarecidos, las sospechas pueden recaer en el propio presidente y su familia, e involucrarlos.

A ello se suman reiteradas denuncias sobre venta de cargos, tráfico de influencias y designaciones discrecionales en la administración pública. Si estas denuncias resultan ciertas, estaríamos nuevamente en el círculo vicioso del que jamás podemos salir: utilizar el Estado como mecanismo de enriquecimiento y distribución de favores.

El problema de fondo es mucho más grave que los hechos aislados. Cuando el acceso al poder se convierte en el camino más rápido para acumular riqueza, la política deja de ser un instrumento para servir a la sociedad y pasa a ser un negocio extraordinariamente rentable. El mérito, el trabajo y la producción son desplazados por las redes de influencia, el favoritismo y la captura del Estado.

Y ese es, precisamente, el drama boliviano. Cambian los Gobiernos, cambian los discursos, cambian los colores partidarios, pero las prácticas permanecen inalterables. La alternancia electoral termina siendo apenas un relevo de administradores, todos ellos con el gen de la cleptocracia.

Rodrigo Paz llegó prometiendo una ruptura con ese pasado. Sin embargo, estos primeros ocho meses de gestión muestran señales preocupantes de continuidad. Si persiste por ese camino, no solo habrá desperdiciado una oportunidad histórica de transformar la política boliviana; habrá confirmado una vez más que en Bolivia los Gobiernos cambian, pero la cultura del ejercicio del poder permanece intacta.

Quizá ese sea el mayor desafío del país. No cambiar simplemente de presidente, sino cambiar definitivamente la forma de ejercer el poder. Porque mientras el Estado siga siendo visto como un botín y no como un patrimonio de todos los bolivianos, seguiremos atrapados en el mismo círculo vicioso: más de lo mismo.

El autor es profesor de la Carrera de Ciencia Política de la UMSS