Mesa acusa al Gobierno por obviar documento falso en caso Quiborax
El expresidente Carlos Mesa denunció ayer que la empresa chilena Quiborax ganó el caso de arbitraje internacional al país usando documentos falsos y que el Gobierno, en lugar de reaccionar institucional y procesalmente de manera categórica y contundente, dejó pasar este detalle.
“Lo que más llama la atención es que la defensa del Estado de Bolivia en el arbitraje, en lugar de reaccionar institucional y procesalmente de manera categórica y contundente, contra esta abierta parcialización del Tribunal Arbitral, deja pasar esta írrita decisión como si se tratara de una incidencia procesal normal y ordinaria dentro del Arbitraje”, manifestó mesa a través de su blog.
El mes pasado, Mesa y tres de sus exministros fueron denunciados por la Procuraduría General del Estado por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y otras leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, después de que Bolivia perdió un juicio internacional con la empresa chilena Quiborax a la que tuvo que pagar $us 42,6 millones por la reversión de una concesión en el salar de Uyuni.
Mesa presentó ayer en la Fiscalía un segundo escrito por el caso Quiborax, en el que indica que el arbitraje demandado por la empresa chilena fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad. En consecuencia, la demanda de la empresa chilena contra Bolivia fue producto de una falsificación.
“Se forzó, en el caso Quiborax, ilegalmente un arbitraje en contra del Estado de Bolivia a través de la falsificación del acta de Accionistas de Non Metallic Mineral de fecha 13 de septiembre de 2001 y de los poderes de representación de esta empresa para este arbitraje”, explicó.
Detalló que uno de los documentos de constitución de sociedad en Quiborax es falso, hecho por el cual el representante de uno de los accionistas de la empresa chilena, David Moscoso, quien reconoció dicha irregularidad, se sometió a un proceso abreviado siendo condenado a dos años de prisión.
El exmandatario precisó que ese documento falsificado sería la base para que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) fallara contra Bolivia y le impusiera una sanción económica.
Calificó como “empresa pirata” a Quiborax y lamentó que la defensa de Bolivia no objetara este proceso dando curso a una reversión millonaria a favor de dicha empresa.
“Llegamos al caso increíble de que el Procurador General del Estado está dándole la mano y firmando una entrega de 42 millones de dólares, 50 veces el valor de lo invertido por Quiborax”, manifestó tras presentar el documento ante la Fiscalía.
CONFLICTO INCLUYE AL ASESOR DE CHILE EN JUICIO MARÍTIMO
El expresidente Carlos Mesa reveló que la Procuraduría General del Estado, a la cabeza de Pablo Menacho, hizo un acuerdo transaccional por el caso Quiborax con el abogado Andrés Jana, quien es asesor de Chile en el juicio por demanda marítima que se desarrolla en La Haya.
Jana apareció la semana pasada en una conferencia de prensa junto al procurador Pablo Menacho y el ministro de Minería, César Navarro, para anunciar que se había llegado a un acuerdo para pagar a Quiborax más de 42 millones de dólares, debido a la indemnización surgida por la expulsión de la empresa chilena de la explotación de ulexita en el aalar de Uyuni.
“El señor Andrés Jana es parte del equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda que Bolivia tiene en La Haya, o sea llegamos al caso increíble de que el Procurador General del Estado está dándole la mano y firmando una entrega de 42 millones, 50 veces el valor de lo invertido por Quibórax nada menos que al representante de Quiborax, que a su vez es parte del equipo jurídico privado que está apoyando a Chile “, dijo Mesa en Sucre.
Reportes de medios chilenos confirman a Jana como asesor de su país ante el proceso en La Haya. En marzo reciente, el jurista afirmó que la demanda boliviana es débil en su sustento jurídico, según La Tercera.
La Procuraduría culpa a Mesa por la indemnización a Quiborax y le inició un proceso, bajo el argumento de que un decreto suyo con errores legales fue el causante del problema con la empresa.
