Envían a la cárcel al Alcalde de Uyuni por tráfico de tierras
LA PAZ |
El Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de Potosí dispuso hoy la detención preventiva del alcalde de Uyuni, Patricio Mendoza Huayllas (MAS), en el penal de Cantumarca.
"La Fiscalía demostró los suficientes elementos de convicción que evidencian que el sindicado es con probabilidad autor de los delitos imputados, situación que dio lugar a que la autoridad jurisdiccional determine su detención preventiva", informó la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque Gutiérrez.
Mendoza está imputado por la presunta comisión de los delitos de concusión, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, estafa agravada y estelionato.
El pasado 28 de noviembre, Mendoza fue citado para prestar su declaración informativa ante la Fiscalía sobre la supuesta venta de terrenos públicos en Uyuni a particulares, pero no se presentó a declarar, lo que derivó en la emisión de un mandamiento de aprehensión en su contra.
Finalmente, el alcalde decidió acudir al Ministerio Público para declarar el pasado lunes, jornada en la que fue aprehendido tras que el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, presentara una denuncia formal en su contra.
"El Ministerio de Justicia procede enérgicamente contra todo acto o hecho de corrupción sea de autoridades del MAS o de algún otro partido de la oposición, como se procedió con el alcalde de Cochabamba, José María Leyes; de Oruro, Edgar Bazán y ahora de Uyuni, Patricio Mendoza, quien pertenece al MAS", indicó el Viceministro.
Según las investigaciones, el pasado 16 de noviembre una comisión de investigadores de la Fiscalía secuestró documentos de una supuesta adjudicación de lotes de terrenos en esa región.
Así se conoció que la consultora particular "Lazos" habría recaudado dineros de los pobladores de Uyuni para una supuesta transferencia de terrenos de manera ilegal y sin los procedimientos normativos.
"Al momento se conoce que 4.179 personas habrían depositado dineros a las cuentas de una consultora inexistente por un monto que supera los 30 millones de bolivianos", aseguró la fiscal Choque.
También se evidenció que la mencionada consultora no tiene una relación contractual con el municipio en el SICOES, tampoco se encuentra registrada en Fundempresa e Impuestos Nacionales.
Sin embargo, cobraba montos de dinero en dependencias municipales, por los constantes comunicados y decretos ediles emitidos por el alcalde Mendoza, que establecían la obligatoriedad del pago a los interesados.
