Cívicos alertan con huelga si siguen los arrestos; MAS anuncia acciones

El arresto de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros ha radicalizado en las últimas horas las posiciones de quienes ven estos encarcelamientos como un acto de justicia y quienes lo entienden como una persecución política, una venganza del MAS.

Tras las masivas concentraciones en la víspera en diferentes ciudades, ayer los nueve comités cívicos del país se reunieron en Santa Cruz, donde determinaron exigir la liberación inmediata de los detenidos por el caso de presunto “golpe de Estado”, además advirtieron con un paro a nivel nacional si continúan las aprehensiones ilegales, si se detiene a una persona más, sea civil, militar o policial.

Asimismo, manifestaron que no permitirán más “apresamientos ilegales” ni “persecuciones” con fines políticos y exigieron que se otorgue “amnistía” de forma igualitaria para policías, cívicos y ciudadanos “que lucharon” por el país.

Además, denunciarán ante organismos internacionales “la grave violación y atropello a los derechos humanos para que se adopten medidas inmediatas para proteger al pueblo boliviano”.

También piden que se conforme una comisión internacional que investigue los hechos de corrupción y persecución política en el país.

En una numerosa movilización, ciudadanos en Potosí exigieron que el Gobierno frene lo que consideran “persecución política”, después de las detenciones. La movilización, convocada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), exigió al presidente Arce que pare la persecución y que el Gobierno se dedique a temas como la reactivación económica y la salud.

Más sectores sociales y líderes políticos se sumaron ayer al rechazo a las aprehensiones y a la narrativa de “golpe de Estado”, que defiende el Movimiento Al Socialismo (MAS) para llevar adelante estas acciones.

La respuesta del gobernante Movimiento Al Socialismo y organizaciones afines ha sido que “ellos se reservan como actuar” ante las movilizaciones definidas y que ven estas acciones como un afán de desestabilizar a la administración de Luis Arce. Advirtieron incluso con hechos de violencia.

Los mineros de Caracoles, La Paz, mediante un voto resolutivo señalan que con el fin de defender el Estado de derecho y la gestión del presidente Arce “saldremos en forma conjunta todos los compañeros asociados mineros a la sede de gobierno para defender la democracia”.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) se declaró en estado de emergencia ante cualquier amenaza contra el gobierno de Arce.

“Estamos nuevamente en alerta. Estamos viendo amedrentamientos de cívicos que están queriendo articularse. No lo vamos a permitir. Estamos firmes y siempre al lado del gobierno”, advirtió el ejecutivo de la Csutcb, Eber Rojas.

En Cochabamba, ayer, un grupo de personas que rechaza la detención de exautoridades fue expulsado de la plaza 14 de Septiembre a empujones y al son de gritos de “asesinos” por afines al MAS, que exigía justicia.

En este grupo, se encontraba el expolicía Ismael Marquina, detenido en la gestión de Áñez por vender armas y gases a los movilizados en noviembre de 2019.

Opinión

Ruptura del Estado Constitucional

José Luis Santistevan Constitucionalista

Los actos del gobierno, la justicia y los llamados movimientos sociales del MAS caen dentro de la tipicidad de una asociación delictuosa (organización del poder político/fiscalía/justicia), cuyas acciones persiguen generar zozobra (terrorismo art. 133 CP) y acallar el abuso de poder, el fraude de 2019, una justicia independiente, un pacto fiscal inmediato, la devolución de las competencias cercenadas en salud, educación, seguridad, áreas protegidas, tierras y productividad.

Más allá de pretender introducir en la visión de la gente el correlato falso de “golpe de estado”, el delito imposible de “terrorismo y sedición” buscan conseguir el poder absoluto. Ante este escenario político es necesario rescatar el valor de la soberanía del pueblo (art.7 CPE) que aprobó la CPE mediante referéndum como una carta de garantías.

CIDH, HWR y Bolsonaro cuestionan las detenciones

La detención de exautoridades del Gobierno transitorio desató una serie de cuestionamientos por parte de organismos y naciones amigas. A los pronunciamientos efectuados en días pasados por la OEA, la Unión Europea y otros, ayer se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que urgió al Estado de Bolivia a “continuar velando” para que los detenidos cuenten con las “garantías legales mínimas”.

“La CIDH reitera que los procesos judiciales, incluyendo aquellos iniciados por la posible comisión de delitos contra el orden constitucional interno, deben realizarse con irrestricto apego a los estándares interamericanos relativos a las garantías judiciales, protección judicial y acceso a la justicia, en el marco de un sistema de justicia independiente, imparcial y libre de interferencias de los otros órganos del Estado”, señala un comunicado.

Agrega que ciertas leyes nacionales de antiterrorismo violan el principio de legalidad porque, entre otros, incluyen una definición del terrorismo que, inevitablemente, resulta excesivamente amplia e imprecisa.

Por su parte, Human Rights Watch pidió al presidente Luis Arce evitar persecuciones. José Miguel Vivanco, director de la organización no gubernamental, pidió a Arce Catacora cumplir con el compromiso que hizo a la comunidad internacional de parar la práctica de utilizar el aparato judicial para perseguir a los enemigos políticos.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro en la reunión del Prosur manifestó que la detención de Añez es “irrazonable”.

“Nos preocupan los hechos ocurridos en Bolivia, nuestro vecino y hermano país, donde la expresidenta Jeanine Áñez y otras autoridades fueron detenidas bajo alegaciones de participación en un golpe de Estado, lo que nos parece totalmente irrazonable. Esperamos que Bolivia mantenga en plena vigencia el Estado de derecho y la convivencia democrática”, dijo el mandatario.

Todos contra Luis Almagro

Luis Almagro, secretario general de la OEA, es el blanco del gobierno de Luis Arce. Anuncian un juicio en su contra y descalifican las declaraciones que realizó sobre la detención de Jeanine Áñez y otras exautoridades. “La decisión del Gobierno nacional es llevar a juicio al señor Almagro en las instancias que correspondan”, señaló el ministro de Justicia, Iván Lima.

Iván Lima: Nunca existió sentencia del TCP

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseveró ayer que nunca existió un fallo o resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avale la sucesión constitucional de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

Dijo que se trató de un “comunicado” que no lleva firmas que se utilizó para “justificar denominada la autoproclamación de Áñez (como presidenta).