Iván Lima: “Si quieren presionar para una elección judicial que lo hagan con la Asamblea Legislativa”

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, en entrevista con Los Tiempos afirmó que el Ejecutivo no aprobará ningún decreto para designar magistrados interinos y que el tema es responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), además  dijo que respeta la Sentencia Constitucional 1010 que amplía el mandato de las altas autoridades del sistema jurídico boliviano.

Cuestionó que Evo Morales y Luis Fernando Camacho atenten contra el Tribunal Constitucional Plurinacional por dos sentencias que no favorece a sus intereses por lo que buscan desinstitucionalizar el país.

- ¿Cuál es su opinión en relación al fracaso en el proceso de las elecciones judiciales?

Tenemos un déficit de jueces, de fiscales incluso de magistrados y pretender suspender y manejar en tiempos políticos las situaciones que viven los bolivianos es un despropósito. Lo hemos manifestado siempre y es un principio que tenemos en el gobierno del presidente Luis Arce, respeto a la Constitución, juramento de defensa de la Constitución y, por lo tanto, dijimos desde el primer momento que el decreto no era una opción que la tomó Carlos Mesa en su momento, que la tomó Evo Morales, pero en nuestro Gobierno nosotros vamos a ser escrupulosamente, respetuosos de la Constitución. 

Lo que dice nuestra Constitución es que un magistrado solamente puede ser elegido por dos tercios de votos y el voto de la gente, entonces, en ese problema jurídico, frente a una situación que es constitucional, quien tiene hablar es el máximo intérprete de la Constitución, no tiene que hablar ni el presidente del Senado ni el órgano Ejecutivo ni siquiera los movimientos cívicos o los ciudadanos que puedan tener un criterio, una opinión, la única entidad para hablar frente a ese problema que se presentó el 31 de diciembre es el TCP.

- ¿Lo responsabilizan de la prórroga de los magistrados por un supuesto boicot?

- Por esta falta de previsión de la ALP lo ha planteado Ricardo Torres (ex)presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no podemos decir que en algún momento o en alguno de los recursos hubiera intervenido el Órgano Ejecutivo, estas son decisiones de la ALP que jamás habrían llegado a un tribunal y menos hubieran obtenido una sentencia si no fuera por decisiones que han tomado los senadores y diputados. 

- ¿Se dice que la prórroga es ilegal?

- Esta prórroga, no es una autoprórroga, es una interpretación de la Constitución en el marco del artículo 203 de la Constitución Política del Estado (CPE) y cuando habla el TCP, y habló cuando estaba en total y plena vigencia y legitimidad. El 203 de la Constitución permite a ellos dictar una opinión vinculante, obligatoria y que no admite ningún recurso ulterior en la vía ordinaria (...) implica que no admite ningún proceso penal, ningún juicio de responsabilidades, ninguna otra opción.

La declaración 49/2023 ha solucionado el problema jurídico y ninguna instancia ni la ALP ni los cabildos ni los fiscales puede cambiar la declaración constitucional y por mandato de la Constitución, el TCP está obligado a hacer cumplir esa declaración.

 - ¿El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y otros actores, mantienen que es ilegal su permanencia y que los actos que desarrollen serán nulos?

- Yo le planteó una invitación (a Rodríguez Veltzé) muy cordial, que deje el Twitter y plasmar sus ideas en un recurso que pueda considerar suficiente y necesario para plantear esta postura que tiene. Es una postura equivocada, una postura que se constituye en una falacia, lo mismo que otras personas que están en este momento opinando y están desconociendo el carácter del Pacto de San José de Costa Rica, nuestra Constitución y del control de convencionalidad.

¿Entonces, la última palabra es la del TCP?

- No es ni el Ministro de Justicia ni un expresidente, quien tiene la última palabra en un debate jurídico es el TCP, el cual ha hablado a través de una sentencia. Esa sentencia mientras se encuentre vigente solo puede ser cambiada por otra decisión del mismo TCP, no permite ningún debate jurídico que pueda tener una postura como la que señala el expresidente, esa postura claramente no se basa en el derecho vigente.

- ¿Ministro hay sectores movilizados que piden la renuncia de los magistrados?

- La oficina del Ejecutivo y la mía está en el Prado de la ciudad de La Paz tendrían que ir a movilizarse ahí.  (...) No creo que instalar carpas y presionar indebidamente a la justicia boliviana logre algún resultado, si quieren presionar a alguien para que se haga una elección judicial que lo hagan con la ALP, que le pidan a Evo Morales que deje de pensar en sí mismo, que deje de pensar en la reelección, que le pidan a (Luis Fernando) Camacho que deje de pensar en el mismo, que deje de pensar que solamente él puede conducir Santa Cruz y que respeten la CPE, ambos.

- ¿Eso quiere decir que buscan alejarlos por las sentencias que no les favorece?

- La razón jurídica de los dos fallos que en este momento afectan a Evo Morales y Camacho los motiva a ir a bloquear, a ir a desestabilizar, a ir a desinstitucionalizar. Hay dos extremos políticos que están en alianza para desinstitucionalizar el país y no es el Órgano Ejecutivo que ha planteado ni esos recursos ni esas sentencias que se han dictado en el país.

- El fallo sobre que la reelección no es un derecho humano ¿es correcto?

- Definitivamente. En esa declaración, en esa sentencia constitucional, la ratio decidendi  (razón para decidir) tiene que ver con dos aspectos: la libertad de expresión, porque se prohibía a los candidatos (emitir) opiniones políticas, pero el segundo aspecto que señala la sentencia y que omite (Raúl) Zaffaroni, omite (Gustavo) Ferreyra y que omiten todos los abogados del evismo, es la ‘reelección de los candidatos’.

El TCP abrió el debate para la reelección en Bolivia y analizó tres aspectos: la Asamblea Constituyente, el derecho convencional, el pacto de San José y la sentencia de la Corte Interamericana, especialmente la opinión consultiva que emitió esta instancia y el texto de la Constitución, ‘cuando señala que la reelección se debe dar por una sola vez’.

- ¿Entonces, a Morales solo le preocupa ir a otra elección?

- A Evo Morales le interesa que este tribunal se vaya porque no quiere que termine de responder al país que ‘la reelección es una sola vez y él no puede participar de ninguna otra elección más en este país’. Es un interés personal por la reelección (...) quitémonos la venda de los ojos, Evo Morales solo está interesado en el mismo, basa sus argumentos en mentiras, calumnias para protegerse el mismo.

- ¿Qué pasará con la elección del Fiscal General y otros?

- Claramente la ALP tiene que garantizar al país el funcionamiento normal del Estado, cuando la ALP no logra las mayorías cualificadas, en este caso los 2/3 se activan mecanismos constitucionales para defender la institucionalidad y el estado de derecho. La elección del Fiscal General del Estado es una atribución de la Asamblea Legislativa, lo mismo que la Contralora o Contralor, la elección de los

vocales del Tribunal Departamental Electoral del Beni que hace más de tres años no han sido elegidos por la Asamblea.