El Estado de derecho en Bolivia
Es de esperar que estudios como éste sirvan para que quienes tienen en sus manos la conducción del país adopten una mirada autocrítica en vez de atrincherarse tras posiciones defensivas
Aunque no es novedoso –ni nuestras preocupaciones sobre el tema expresadas en este espacio editorial– durante los últimos días ha adquirido renovada actualidad un asunto de importancia crucial para la salud de las instituciones democráticas y, por consiguiente, para la estabilidad política de nuestro país. Nos referimos a la situación del Estado de derecho y sus proyecciones hacia el futuro inmediato.
Son muchas las razones que hacen que el tema sea merecedor de reflexiones y preocupaciones. Una, la nueva arremetida que se ha desatado contra autoridades, líderes políticos, líderes de opinión, periodistas, intelectuales que asumen una posición crítica respecto al gobierno, particularmente desde el Ministerio Público y la administración de justicia, y desde diversas instancias gubernamentales. Ejemplos abundan, pero entre ellos se destaca la más reciente arremetida judicial contra Samuel Doria Medina.
La ya indisimulada decisión gubernamental de aplicar métodos de asfixia económica contra los medios de comunicación que no se resignan a adoptar sumisamente el papel de agentes de transmisión de la propaganda oficial es otro ejemplo.
En la misma lista de deficiencias se puede incluir la creciente ligereza con que se hace escarnio de los mandatos constitucionales cuando éstos no se acomodan a las pretensiones gubernamentales. La lista de ejemplos que se puede citar en este aspecto es también muy larga, pero basta señalar la reticencia a cumplir lo que manda la Constitución para tomar decisiones tan importantes como la hidroeléctrica de El Bala para ilustrar la magnitud del desprecio hacia el más importante pilar de un Estado de derecho.
Con esos antecedentes, no resulta sorprendente el informe presentado por el World Justice Project (WJP), un organismo estadounidense especializado en evaluar el desempeño de los diferentes países en temáticas como corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, así como justicia criminal y civil.
Según ese estudio, que abarca 113 países del mundo, Bolivia aparece, sólo por detrás de Venezuela y cerca de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ecuador y México entre los países que más se han distanciado de los marcos propios de un Estado de derecho. Venezuela de lejos encabeza la sección latinoamericana de la lista, lo que tampoco es sorprendente si se observa su situación actual y los antecedentes que la condujeron a este punto.
Como suele ocurrir con excesiva frecuencia, la primera reacción de quienes se sienten incómodos ante los resultados de estudios como éste consiste en descalificarlos. Sin embargo, y por grandes que sean los esfuerzos para poner en duda la veracidad y confiabilidad de sus datos apelando a argumentos subjetivos, hay hechos que están más allá de toda duda y corroboran lo que indican estudios basados en encuestas y cuestionarios hechos a expertos en la materia.
La experiencia venezolana es muy ilustrativa al respecto. Por eso, es de esperar que estudios como éste sirvan para que quienes tienen en sus manos la conducción del país, en vez de atrincherarse tras posiciones defensivas, adopten una mirada autocrítica, única manera de asimilar lecciones propias y ajenas y no reincidir en errores ya muy conocidos.
