Tres leyes regulan zonas de alto riesgo

La Alcaldía de Cercado y otras están obligadas por tres leyes (247, 482 y 602) a regular los asentamientos en zonas de riesgo y asumir acciones de prevención y mitigación en los lugares donde se hayan aprobado construcciones, según el informe que presentó ayer el concejal Edwin Jiménez tras la riada en Nueva Jerusalén y el riesgo de deslizamientos en Alto Cochabamba.

La Ley 247 establece como requisito para regularizar viviendas “estudios técnicos para la viabilidad de construir en áreas de riesgo”. La 482 vela por respetar la franja de seguridad de 25 metros para ríos, torrenteras, quebradas, riachuelos y lechos. En el caso de las torrenteras cementadas, es de 15, porque son bienes municipales.

La Ley 602 prevé que “los municipios deben incorporar parámetros de identificación, evaluación, mediación y zonificación de áreas con grados de vulnerabilidad para emitir normas”.

Vuelven a construir

Los vecinos de Alto Cochabamba, una zona con una condición geológica inestable (ángulo de buzamiento), han vuelto a construir sus viviendas después que se desplomaron.

Cuando sucedió el deslizamiento, más de 50 viviendas fueron afectadas y 10 se desplomaron parcial o completamente.

Los vecinos aseguran que la Alcaldía se olvidó de ellos y que en la zona ya no hay deslizamientos, por lo que muchos comenzaron a reconstruir.

Ése es el caso de Iván Arellano, quien volvió después de siete años. “El terreno ya no es inestable con los muros de contención y los trabajos de canalización de desagües”, dijo.

Indicó que el municipio se niega a aprobar nuevos planos de construcción con el argumento de que es una zona roja.

La familia Llampa no abandonó su casa a pesar de que presenta rajaduras e inclinaciones. Por seguridad, demolió el último de los tres pisos, lo que evitó que el terreno siga cediendo. También se colocaron bolillos en el segundo y primer piso. “Al principio teníamos miedo porque las paredes crujían, pero no teníamos a dónde ir; ahora ya no hay peligro”, dijo Neiva Llampa.

Nueva evaluación

El secretario de Obras Públicas de la Alcaldía, Carlos Abasto, solicitará a la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), que evalué nuevamente la zona, explicó que el municipio realizó trabajos preventivos como sellos de fisuras. “Esa zona hay que verla con mucho cuidado. Hemos pedido que los vecinos deshabiten; sin embargo, creo que algunos han vuelto”, dijo.

Indicó que los vecinos no pueden volver a construir. “Saben que están en riesgo”, remarcó.

HABLAN LOS POBLADORES  AFECTADOS

Neiva Llampa, vecina Alto Cochabamba

Hace años las casas comenzaron a rajarse. Primero se escuchaba como crujidos y luego algunas viviendas se desplomaron, muchos abandonaron sus casas. Ésta es la casa de mis abuelos, era de tres pisos, pero como la construcción se estaba yendo adelante hemos demolido el último y la casa ha dejado de inclinarse. Vivimos en el segundo piso, nadie habita en el primero porque está muy dañado.

Iván Arellano, vecino Alto Cochabamba

Las autoridades se han olvidado de nosotros. Después de siete años de que mi casa se ha desplomado, estoy volviendo a construir un cuartito, pero la Alcaldía no quiere aprobar nuevos planos de construcción porque es zona roja, tampoco recibimos obras, pero nos cobran impuestos, yo pago cada año 380 bolivianos. Pero, también, hay nuevas construcciones de tres pisos que han sido aprobadas en la zona.

CINCO FAMILIAS ACEPTAN IRSE DE QUEBRADA EN TIQUIPAYA

A más de dos meses del desborde de la quebrada Chutak’awa, en Tiquipaya, después que el cauce se reactivó con una riada, las 15 viviendas construidas en su curso continúan en el sector. El desastre cobró la vida de Alejandra Candía (23), de su hija de 9 meses y la del niño Arthur Orihuela.  

El director de Planificación de la Alcaldía de Tiquipaya, Fidel Rocha, explicó que se han realizado varias reuniones con las personas afectadas y se ha logrado que cinco viviendas que están en medio de la quebrada acepten desalojar el sitio. Luego, paulatinamente, reubicarán al resto de las familias.

“Se trata de cuatro viviendas y una granja que se han comprometido a desalojar el lugar, no se han definido plazos”, dijo.

Rojas explicó que las viviendas construidas en la zona no tienen papeles y deben desalojar el sitio. Sobre esta situación, el presidente de Control Social de ese municipio, José Luis Tapia, indicó que solicitaron un informe ampliatorio a la Alcaldía. “Algunos han solicitado permiso para la construcción de un muro y se han valido de eso para construir casas, queremos que todos esos detalles sean aclarados”, dijo Tapia.

CASAS DEBEN ESTAR A 25 Y 15 METROS DE CAUDALES DE AGUA

Ante la muerte de un vecino, Roberto Tarqui (75), en una riada que reactivó la torrentera en la que construyó su casa en Nueva Jerusalén, el domingo, el director de Cuencas de la Gobernación, Enrique Soria, informó que las viviendas deben construirse a 25 metros de caudales naturales y a 15 de torrenteras de cemento.

Soria explicó que los municipios de Quillacollo, Sacaba, Cercado y Tiquipaya son zonas críticas que crecen aceleradamente y no respetan las franjas de seguridad de las torrenteras, quebradas y otros caudales. “Los municipios deben realizar un mejor control para evitar este tipo asentamientos”, dijo.

El asesor jurídico de la Alcaldía, Sergio Coca, informó que se iniciarán procesos penales y administrativos contra funcionarios de la Subalcaldía Alejo Calatayud, por la aprobación de la Resolución 154/2013 que aprueba un asentamiento en el Distrito 8, en el manzano 607 a nombre de Gregoria Jaldín.

Coca señaló a Álvaro Nogales Heredia, exjefe de Atención al Ciudadano de la Comuna, como el funcionario que aprobó este plano. La resolución, además, contiene informes técnicos que avalan la aprobación.