8 condenados a 30 años por la muerte de Alcalde de Ayo Ayo
Ocho de los 25 procesados por el linchamiento del alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, quien fue secuestrado, torturado y quemado en junio de 2004, fueron ayer sentenciados a 30 años de presidio sin derecho a indulto por los delitos de asesinato, secuestro, vejámenes y tortura, pena que deberán cumplir en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
Otros seis recibieron condenas de 20 años y de ocho años de reclusión por complicidad mientras que cuatro fueron absueltos y siete se encuentran prófugos. La sentencia en primera instancia fue dictada ayer por el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz después de seis años de proceso judicial.
Altamirano fue torturado y luego quemado el 15 de junio de 2004. Su cuerpo calcinado fue dejado en medio de la plaza de su pueblo, al pie de un poste, al día siguiente de haber sido secuestrado por desconocidos en esa ciudad como presunto castigo a su mala gestión municipal.
Los pobladores de Ayo Ayo justificaron entonces el linchamiento en la presunta corrupción del Alcalde y aseguraron haber aplicado la llamada "justicia indígena comunitaria".
La jueza técnica del Tribunal Quinto de Sentencia, Nancy Bustillos, dio a conocer ayer que se dictó sentencia condenatoria contra 14 de los 25 procesados porque existen suficientes pruebas de culpabilidad sobre su participación en la muerte de la autoridad municipal. Asimismo, informó que siete se encuentran prófugos, los que han sido declarados rebeldes y contumaces.
“Esencialmente, las declaraciones de los testigos que de alguna manera han denunciado los hechos, como los conductores de los vehículos en el que secuestran a Benjamín Altamirano y lo trasladan hasta la localidad de Ayo Ayo. Ellos han tenido la oportunidad de escuchar todo lo que se decía en las movilidades”, explicó.
La sentencia fue recibida por el hijo del alcalde asesinado como un “logro a medias” porque no hay en este momento un solo detenido por el asesinato de su padre, los que se encontraban detenidos preventivamente en la cárcel recuperaron su libertad hace dos años por la demora del proceso y hay otros siete que están prófugos.
El fiscal Milton Mendoza, quien investigó el hecho, destacó el fallo por considerar que sentará un precedente para los linchamientos cometidos a título de “justicia comunitaria”.
