Más cerca del diluvio
La cúpula familiar-militar que gobierna Venezuela ha dado un paso más en su decisión de utilizar cualquier mecanismo, incluso la confrontación interna, para no abandonar el poder, al instruir a su corte de justicia decretar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. Con esa decisión, se vuelve a desconocer la voluntad mayoritaria de la población y se ataca la precaria institucionalidad democrática que aún está en pie en ese país cada vez más empobrecido, inseguro y caótico.
Además de los costos humanos y éticos que el aferramiento al poder provocan, también tiene un elevado costo ideológico-político, pues la deslegitimación del proyecto del Socialismo del Siglo XXI que en sus orígenes generó tantas esperanzas en un pueblo cansado de un sistema político-partidario que se fue encerrando en sí mismo, es irreversible. Hoy, a una crisis sin precedentes se suma un sistema de gobierno cada vez más autoritario, corrupto e incapaz, con el agregado de que las banderas de la democracia y la libertad enarboladas por sectores progresistas de la región han sido arriadas por el goce frívolo del poder.
En ese escenario, la población venezolana observa que su voz ya no cuenta más que para la retórica y se crean las condiciones para una reacción violenta que podría evitarse si quedara algún atisbo de racionalidad entre los representantes del Gobierno.
Desde otro enfoque, la experiencia venezolana debe servir para revalorar el sistema democrático para la buena gobernanza y el mejor aprovechamiento de los recursos (sin desconocer sus limitaciones), no sólo porque hay más espacio para la transparencia y la fiscalización, sino porque quien ejerce circunstancialmente el poder sabe que en determinado tiempo deberá abandonarlo, alternancia que aporta a su consolidación.
