Envían a la cárcel a una concejal por un delito que no cometió

LA PAZ |

La defensa de la concejal de Callapa, Mónica Paye, interpuso una apelación incidental a la determinación de medidas cautelares y demandó la rectificación del proceso por el que desde hace 20 días fue enviada a la cárcel de Obrajes de la ciudad de La Paz.

Su abogado, Osman Chávez, explicó que en la gestión 2016 Paye sufrió la sustracción de dos computadoras laptop de propiedad del Concejo Municipal y pese a que anunció la reposición de esos ordenadores, se le inició un proceso penal que derivó en su detención preventiva cuando lo que correspondía era instaurarle un proceso administrativo, según el reglamento de faltas disciplinarias que rige en ese municipio.

"El artículo 19 del Reglamento de Bienes y Servicios del Gobierno Autónomo Municipal de Callapa establece que cuando un funcionario pierde un objeto incurre en una falta administrativa no en un delito", señaló Chávez.

Aseguró que detrás de este hecho "se oculta una serie de acciones de violencia y acoso político ejercidas por el alcalde de este municipio, Víctor Honorio Calle, de manera sistemática".

Por instrucción del juez segundo anticorrupción de La Paz, Alan Zárate, la concejal guarda detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes "porque supuestamente existe probabilidad de obstaculización en la investigación o la intención de ocultar las dos laptops", dijo el abogado.

Añadió que la apelación incidental a la determinación de medidas cautelares que debe resolver en audiencia convocada para hoy, se basa en la declaración informativa de la concejala en la que "explica que las computadoras se extraviaron en al trayecto de Callapa a la oficina de ese municipio en El Alto, por tanto no están en su poder, asimismo, manifestó su voluntad de reponerlas de inmediato".

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Brígida Quiroga, se sumó al reclamo por el acoso político desplegado contra Paye y anunció que convocará al alcalde del municipio de Callapa, Víctor Honorio Calle, para que preste un informe oral ante la Cámara de Diputados.

Según Quiroga, el Alcalde no aceptó la devolución de las computadoras "en una clara muestra de violencia y persecución política de la cual es víctima desde hace más de nueve meses atrás, solamente por el hecho de desarrollar labores de fiscalización y de no ser afín al partido del alcalde municipal de Callapa".

En el mismo sentido, las asociaciones de Concejalas de La Paz (ACOLAPAZ) y de Bolivia (ACOBOL) denunciaron que Paye "en varias oportunidades ha sido sancionada con descuentos y suspensiones temporales sin goce de haberes, y últimamente también ha sido suspendida de sus funciones por 120 días" y calificaron estas medidas como "actos de acoso y violencia política, tendientes a alejarla de su mandato y restringirle sus derechos políticos".

En un pronunciamiento público, demandan a las autoridades judiciales "realizar su función de manera objetiva, transparente e imparcial, de manera que las decisiones que se tomen correspondan a la verdad de los hechos y a las pruebas aportadas en el proceso".  

Exigen "la correcta valoración de las pruebas presentadas per la Concejala Mónica Paye en el proceso penal que se le sigue, a fin de que se sustituya la medida cautelar, tomando en cuenta el arraigo natural y social que tiene dicha autoridad, la misma que es parte de la Asociación de Concejalas de ACOLAPAZ y socia de ACOBOL".  

Como muestra de que el proceso contra su defendida está plagado de irregularidades, Osman Chávez recordó que la concejala ganó un amparo constitucional, y después de seis meses de proceso, logró que el Juez de Garantías Constitucionales de Coro Coro disponga el pago de salarios que le retuvieron ilegalmente durante un periodo de 9 meses.

Dijo que el abogado que entonces la auspició ahora es parte de la acusación, "incurriendo en el delito de patrocinio infiel, delito por el que debe ser suspendido del ejercicio profesional, dado que revela información que debe guardar en reserva porque le fue confiada cuando ejercía como defensor".

Chavez insistió que la concejala "no cometió el delito de peculado por el que según el artículo 142 del Código Penal podría ser pasible a una pena de 5 a 8 años de presidio".

Reiteró que en este caso la concejala no sustrajo las computadoras para su beneficio, "por tanto corresponde someterla a un proceso de responsabilidad civil y administrativa y no de orden penal".