Congelamiento de cuentas bancarias
Algunos contribuyentes del municipio de Cochabamba están sufriendo las consecuencias de las medidas coactivas que ha ejecutado, entre ellas la retención o el congelamiento de fondos en las cuentas bancarias por la omisión del pago de tributos, que en la mayoría de casos se deben a contratos de venta de vehículos, que no han completado las formalidades del cambio de nombre de los propietarios. La retención de fondos está contemplada en el Código Tributario y se aplica sobre la base de un documento ejecutivo que ha sido previamente notificado al contribuyente mediante publicaciones de prensa que solo los privilegiados y los acuciosos han conocido.
La aplicación de estas medidas responde fríamente a lo que la ley establece, pero siempre hay que tener en cuenta que la ejecución tributaria es la fase terminal de un proceso ordenado con secuencias lógicas; pero el verdadero problema no está en la última instancia sino, por el contrario, se encuentra en el origen o en el inicio de estos procesos; y es ahí donde se identifican las verdaderas arbitrariedades y los abusos manifiestos en los que incurren los funcionarios municipales a la hora de determinar y liquidar deudas. Contra toda racionalidad se liquidan impuestos sobre tiendas y negocios cerrados hace más de cinco o veinte años, como si estuvieran en funcionamiento; sobre vehículos robados, como si estuvieran en poder de los propietarios, sobre inmuebles inexistentes, etc.; y un sin fin de presunciones absurdas.
El Código Tributario establece que la medida coactiva de retención de fondos solo procede para asegurar y garantizar el cobro de la deuda tributaria, pero siempre y cuando no se haya logrado materializar previamente las anotaciones preventivas o embargos, decomisos y otras medidas permitidas por el Código Procesal Civil. La Alcaldía está recurriendo al expediente más fácil que es, simple, directa y llanamente, la emisión de la orden de retenciones de fondos sin agotar las medidas indicadas. Ni hablar de la proporcionalidad. Se han retenido fondos en cuentas bancarias que exceden en cientos de miles las cuantías reales de la deuda. Abuso total.
Todas estas arbitrariedades nos muestran al sistema tributario municipal como extorsivo y confiscador, avalado y alimentado por las conductas evasivas y defraudadoras de un pequeño grupo de operadores privados, que han distorsionado totalmente las formalidades que se deben cumplir para liquidar y pagar definitivamente los impuestos de forma oportuna, como se verifica en el mercado informal de la compraventa de vehículos, donde la evasión y la omisión de pagos tributarios, aliadas a la defraudación, son rutinarias e institucionalizadas. Este escenario conviene a los intereses recaudadores y usurpadores que tiene la Alcaldía, porque mientras más contribuyentes desinformados en situación de mora existan, se recaudarán forzosamente no solo los impuestos debidos, sino además los accesorios como son los intereses y el mantenimiento de valor, junto con las multas que la ley establece. Existe también un gran efecto distorsionador provocado por funcionarios ediles, que ante cualquier solicitud legítima y justa del contribuyente para reclamar, demoran por meses y meses las resoluciones; que por lo general están fuera de los marcos de la ley y con justificaciones absolutamente intuitivas. Esto tiene que terminar y pronto.
El autor es abogado
Columnas de MARCELO GONZALES YAKSIC
