Por instrucción del ministro

¿Qué hemos aprendido en el domingo 27 de enero con la implementación de las elecciones primarias? Que las instituciones son prescindibles, desechables y que al gobierno, cuando no lo benefician, definitivamente le estorban. Nada que no hayamos sabido ya, aunque quizás no se haya hecho tan de frente. Ejemplo: hasta el sábado 26 de enero el TSE era (si, ERA) una institución sólida, seria, proba y confiable; no preocupaban los cambios de personal clave, no preocupaban aparentemente las capacidades ni la calidad del biométrico (aunque recuerden que cientos y cientos de ciudadanos han tenido que ir a reclamar que se les estaban achacando militancias que no tenían). Desde el lunes 28, misteriosamente el TSE es sospechoso, poco confiable y “alberga” “traidores” que quieren perjudicar al gobierno. Todo eso le ha pasado al TSE literalmente, en un día. Nos estaban robando el TSE y ahora nos lo están queriendo devolver, por lo menos hasta septiembre.

A las otras instituciones grandes y chicas que son la estructura y sostén del Estado boliviano les ha pasado algo parecido. Nos han robado la Defensoría del Pueblo, poniéndola en manos de un ineficiente agente del gobierno que hacía exactamente lo contrario de lo que era su trabajo. El daño está hecho, porque la cultura institucional, los recursos humanos, el espíritu democrático y los objetivos estratégicos de la institución están comprometidos y no hay voluntad política para reencauzarla.

Nos han robado la justicia; la garantía de acceso a la justicia y un desempeño eficiente de  sus instituciones son meras ilusiones; la defensa pública es minúscula frente al aparato del Ministerio Público que malentiende su tarea como una obligación de conseguir convicciones (sea el imputado culpable o no) y la policía no nos protegen ni tienen la intención.

Lo peor que nos han robado es la (poca) cultura institucional que estábamos construyendo. Los personajes han usurpado la autoridad institucional y no se mueve nada sin la “intervención personal de la autoridad”. ¿Un horrible caso de violación? los perpetradores van a la cárcel por “instrucción del ministro”; la COB no negocia si no es “con el ministro”, porque un funcionario no es garantía de nada; ¿corrupción en Anapol? se investiga recién “por instrucción del ministro”; ¿conflicto de los cooperativistas? tiene que ir el ministro; ¿negociaciones con transportistas, cocaleros, comerciantes, indígenas, problemas en aduanas? tiene que ir el ministro que por “instrucción del presidente” tiene que ir “a resolver”. Los únicos con los que el ministro todavía no habla son las mujeres y los discapacitados.

Nada se resuelve sin “instrucción” e intervención personal del ministro. Si sólo “el ministro” puede resolver, ¿para qué tanto gasto público en funcionarios que no hacen su trabajo?

Nos están robando sistemáticamente la democracia a través de la erosión de las instituciones y su usurpación por parte de unos cuantos personajes. El vicepresidente ha declarado públicamente su desdén por las instituciones, menospreciando su importancia diciendo que “no es necesario apegarse religiosamente a las instituciones”, sabiendo que en una democracia si lo es. Un apego religioso a las instituciones es la garantía de la sostenibilidad y continuidad democrática, la defensa contra el monopolio del poder y contra la corrupción, una defensa contra los abusos de poder y la defensa de los derechos ciudadanos. Un apego religioso a las instituciones especialmente por parte de los funcionarios es la defensa de la democracia.

La autora es socióloga y polítóloga. Coordinadora de investigación social en Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública.