La OIT confirma quiebra de pensiones por privatización y urge la reversión

Entre 1981 y 2014, 30 países en el mundo privatizaron sus sistemas de pensiones, entre ellos, 14 en América Latina; sin embargo, la mayoría de éstos vieron resultados negativos, “no se entregó lo que se prometió”, y han adoptado reversiones parciales e integrales.

De los 30 países del mundo que privatizaron sus sistemas, 18 empezaron a ver reformas a partir del año 2000, entre ellos Bolivia en 2010 con la creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo para reemplazar a las AFP, desvela el último informe “La reversión de la privatización de las pensiones”, de la Organización Internacional del Trabajo, presentado el pasado 11 de marzo.

Uno de los autores, Fabio Durán, según la agencia EFE, expuso en la presentación del informe que esta privatización del sistema iniciada en 1981 en Chile y propagada por hasta 14 países de la región trajo consecuencias “nada favorables” en términos que van desde la calidad de vida a la desigualdad de género.

En un inicio, organismos económicos internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros, presagiaron que una gestión privada de las pensiones “iba a generar mayor cobertura, mayor eficiencia, basada en la competencia de mercado”.

Se equivocaron, según este informe del organismo de las Naciones Unidas que recoge datos y casos concretos de la región y de algunos países de Europa y África que sufrieron las mismas consecuencias.

Se dio por hecho “que el sector privado era más eficiente que el sector público” y las consecuencias fueron otras: las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron en todos los países, los niveles de beneficio se deterioraron, aumentó la desigualdad de género y de ingresos y se dispararon los costos administrativos.

“En lugar de haber sido beneficiados los trabajadores, quienes más se beneficiaron fueron las empresas que gestionan los fondos privados de pensiones”, comentó Durán.

Además de esto, el especialista de la OIT agregó que con este modelo se exterminó la “solidaridad colectiva” y se abocó a “un deterioro del diálogo social”.

El máximo responsable es el ciudadano, cada uno percibe una pensión proporcional a lo cotizado individualmente cuando contrata los servicios de una administradora privada, expuso.

Un sistema público de pensiones, en cambio, se basa en un ahorro administrado por entidades estatales, una alcancía colectiva.

América Latina fue el laboratorio de experimentación con resultados desafortunados: en Argentina, por ejemplo, la cobertura disminuyó del 46 por ciento que había antes de la reforma (1996) a 35 por ciento en 2002. En el caso de México, también hubo una reducción significativa al pasar del 37 al 30 por ciento en el periodo de 1998 a 2004.

“Estamos hablando de unas caídas muy significativas en los niveles de beneficios”, apuntó Durán.

También la presión fiscal, “que se pensaba se iba a reducir”, aumentó con estos modelos.

Por ello, el estudio concluye que estos sistemas únicamente son válidos si complementan al sistema público de pensiones.

Sabiendo esto, se abrió hace unos años una tendencia en la región, pues algunos países como Argentina y Bolivia, o Hungría en Europa, ya realizaron una reversión de esta privatización, ya sea parcial o total.

Según Duran, este tipo de decisiones son complejas e intervienen el sector público y el privado, que en ocasiones se repelen y están condenados a procurar entenderse, cada uno defendiendo sus propios intereses.

Pese a lo incierto del camino ahora seguido por estos países, dijo a CNN el especialista en Protección Social y Desarrollo Económico de la OIT, Helmut Schwarzer, urge que todos los países que optaron por la privatización adopten cambios más allá del modelo que definan, porque de lo contrario terminarán colapsando en corto plazo con mayores consecuencias.

BOLIVIA LLEVA MÁS DE 9 AÑOS DE TRANSICIÓN

Hace algunos días, el Gobierno del presidente Evo Morales anunció la postergación de 30 meses más de la puesta en marcha de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, entidad creada en 2010 para que reemplace a las AFP.

Esta tercera postergación fue atribuida a la empresa Sysde Internacional INC de Panamá, contratada en febrero de 2017 por más de 5,1 millones de dólares, que no concluyó la construcción del software e instalación de un nuevo sistema informático.

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, dijo que Sysde sólo entregó 28 de los 83 programas informáticos comprometidos, sólo 75 de las 890 adecuaciones normativas y el 90 por ciento de los traspasos de datos.

OPINIONES

"La rentabilidad de las pensiones ha sido muy mal manejada, con decreto supremo se obligaba a las AFP a comprar bonos del Gobierno para financiar su déficit. Les pagaban 10 a 12 por ciento de rentabilidad, compraban para financiar el déficit y mostrar que era un éxito". Luis Arce. Ministro de Economía

"Desde que se aprobó la nueva Ley del Sistema de Pensiones, los rendimientos han caído del 8 al 2 por ciento. Hay que aclarar que éste es uno de los sectores más regulados y fue obligado a invertir en activos nacionales que son muy poco rentables". José Gabriel Espinoza. Analista económico

"Esto (baja renta) no se soluciona con la gestora pública, más bien puede empeorarse porque van a poner dinero en una gestora que ha demostrado ser muy ineficiente. Hay un grupo de 150 mil personas que, si se jubila, sus ingresos van a caer considerablemente". Alberto Bonado. Analista económico

ANALISTAS NO CONFÍAN EN LA NUEVA GESTORA PÚBLICA

Los analistas económicos bolivianos José Gabriel Espinoza y Alberto Bonadona coincidieron que el nuevo retraso del funcionamiento de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo es una mala señal de este cambio y no es una garantía de una mejor administración o rentabilidad.

Bonadona señalo que la preocupación por la baja renta de jubilación continuará porque el Gobierno no está rompiendo con la capitalización individual, “se repite prácticamente en su totalidad” el modelo vigente.

“La vuelta al Estado no es una vuelta al sistema de reparto, sino es una vuelta para que administre el Estado el sistema de capitalización individual. Eso no quiere decir que va a ser mejor o que va a lograr mejores inversiones, habrá que ver realmente si tiene la capacidad para decidir hacer nuevas inversiones”, sostuvo.

Espinoza, por su parte, criticó al Gobierno por la pésima planificación de la Gestora. “Han intentado usar el software de las AFP, luego ha intentado construir uno propio y al final no hay nada. No se tiene una evaluación a futuro de los jubilados, por lo que la construcción del software se hace complicado”, dijo.

Anotó que el diseño de un sistema tecnológico no debería tomar tanto tiempo, más aún cuando el Gobierno tiene acceso a todas las cuentas y sistemas. “Le han dado 30 meses más a la empresa, eso quiere decir que no se ha hecho casi nada”, enfatizó.

Según Espinoza, el Gobierno no debería administrar el sistema de pensiones, porque es dinero privado y existe desconfianza en su efectividad. “Estamos en un año de déficit fiscal, año electoral y van a buscar fondos, trae tranquilidad que no esté administrando ahora los fondos. Esperemos que en 2020 y 2021 se definan las reformas al sistema”.