Gobierno interviene DDRR y Policía detiene a registrador cruceño
Una comisión de los ministerios de Justicia, de Gobierno y del Ministerio Público intervino ayer las oficinas de Derechos Reales (DDRR) en Santa Cruz y Warnes, donde se identificaron a ocho funcionarios que habrían cometido “graves” hechos irregulares.
El juez registrador de DDRR de Santa Cruz, Alfredo E., fue detenido, tras ser acusado de conocer los presuntos hechos de corrupción y no denunciarlos.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, explicó que los ocho funcionarios identificados (tres de Warnes y cinco de Santa Cruz) cometieron una serie de delitos: cancelación de anotaciones preventivas y de partidas, ampliación irregular de superficies, entre otros.
Por ello, la comisión presentó siete denuncias penales y allanó oficinas de DDRR, acciones que se realizaron sin la presencia de personeros del Consejo de la Magistratura, que es la institución matriz de Derechos Reales.
“El Consejo de la Magistratura no ha actuado con la celeridad y diligencia que debería actuar, las autoridades sumariantes del Consejo han sido tremendamente débiles y permisivas”, dijo Arce, a tiempo de explicar la intervención.
Los funcionarios acusados levantaron gravámenes de propiedades de entre 80 mil y 220 mil dólares sin ningún tipo de orden, para que sean vendidas. Incluso se canceló hipotecas de empresas que estaban anotadas por deuda de impuestos, causando daño económico al Estado. En otro caso, cajeros de DDRR cambiaron las boletas de anotación de bienes que valían 40 mil bolivianos por otras de 1.500, quedándose con la diferencia.
“Hipotecas que desaparecen, anotaciones que se cambian, abuso de trámite, manipulación informática, uso indebido, daño económico al Estado... esto afecta la seguridad jurídica (...) Nunca hemos visto algo así”, dijo.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que los operativos se dieron tras la denuncia de varios ciudadanos por irregularidades en sus propiedades.
Las autoridades explicaron que se trata de “una primera incursión” y que se informó del operativo horas antes al presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón Aliaga.
Alcón Aliaga se sumará a las denuncias penales como víctima y procederá a cambiar el personal, aseguró Arce.
El principal acusado de todas estas irregularidades es el juez registrador de Santa Cruz, Alfredo E., quien en un corto contacto con los medios aseguró que “todo se va a aclarar” y que colaborará con la Policía.
Las autoridades dijeron que llama la atención que “toda esta situación era de conocimiento del Concejo de la Magistratura” por lo que manifestaron su preocupación por la actitud permisiva de los funcionarios de esta institución.
El juez registrador de Santa Cruz, Alfredo E., fue suspendido por 30 días, pero con la querella penal podría ser destituido.
DENUNCIAN CASOS EN TRES CIUDADES
No es el primer caso que afecta a DDRR este año. Según datos de la prensa, en Sucre se detectó a dos funcionarios que habrían alterado documentación para beneficiarse. El juez registrador Jhamil S., fue enviado a la cárcel con detención preventiva, acusado de presuntos cambios en las anotaciones preventivas de bienes omitiendo los procedimientos.
También se registró otro caso en Oruro de presuntos cobros irregulares. El Consejo de la Magistratura inició auditorías en DDR de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
