La Federación de Comunidades Interculturales de Santa Cruz y la Federación de Trabajadores Campesinos de ese departamento, ambos afines al MAS, rechazaron el plazo que dio el cabildo cruceño del pasado viernes para desalojar los asentamientos ilegales y anunciaron que defenderán sus comunidades con sus vidas, si es necesario.
El ejecutivo de los interculturales -conocidos como colonos-, Wilson Cáceres, aseveró que respetan el cabildo y sus decisiones, pero que no se dejarán “someter” por organizaciones que representan a “clases altas”.
“Nosotros no vamos a permitir que nos desalojen, nosotros también somos cruceños y no puede haber un grupo de bastante poder económico que quiera someter a los campesinos y pequeños productores. Queremos a nuestra Santa Cruz como todos”, dijo.
Aseveró que el tema de tierras es una atribución exclusiva del Gobierno central y que si pasa algo “ vamos a saber responder en su momento, no estamos ya para recibir sometimiento”.
“La clase pobre somos mayoría y como mayoría vamos a saber defendernos, luchar y pelear si es necesario, no nos asusta, no tenemos miedo a un comité que es prebendalismo”, indicó.
El dirigente de los trabajadores campesinos de Santa Cruz, Adolfo León, dijo que Bolivia es un Estado de derecho y que los cívicos tienen que cumplir la ley.
“Nosotros estamos tranquilos y seguros de que no son asentamientos ilegales, las resoluciones del cabildo son de la derecha que siempre ha actuado de manera racista y separatista”, dijo León.
El diputado del MAS, Edgar Montaño, aseveró: “¿Van a sacar a palos? ¿Cómo? ¿Con jueces? Cómo lo van a realizar? Habríamos retrocedido más de 20 años que se construyó democracia. (Los cívicos) van a corretear con palos, van a matar y asesinar y van a manchar con sangre las manos cruceñas”.
El dirigente convocó a la Policía y las FFAA a hacer cumplir los derechos de los bolivianos en todo el territorio.
El cabildo del viernes reunió a un millón de personas, según los organizadores. La multitud decidió cinco puntos: una declaratoria ciudadana de desastre ambiental por los incendios en la Chiquitanía; dar plazo hasta el lunes al INRA para que revierta los asentamientos ilegales; dar plazo de cinco días al Gobierno para que abrogue el Decreto Supremo 3973 y la Ley 741, que autorizan las quemas y desmontes; el voto castigo a Evo Morales el 20 de octubre e iniciar el camino para la construcción de Bolivia como un Estado federal.
Los Tiempos intentó conseguir la versión del INRA Santa Cruz, pero el director departamental de esta institución, Sergio Imaná, no respondió las llamadas de este medio.
500 Comunidades de colonos
El dirigente de los interculturales, Wilson Cáceres, afirmó que hay más de 500 comunidades asentadas en Santa Cruz.
REACCIÓN
Roboré va al bloqueo y paro
Los comunarios del municipio de Roboré iniciaron ayer un bloqueo de 48 horas en la carretera Bioceánica en demanda de la declaratoria de desastre nacional al Gobierno central por la pérdida que dejó el incendio, la helada y por la presencia de la sequía que aún continúa y afecta a más de 20 comunidades del sector.
También, demandan la abrogación de todas las leyes y decretos que han permitido la deforestación, el chaqueo y el cambio del uso del suelo. Rechazan que se haga campañas políticas en el sector por encima de la desgracia que están sufriendo.
Ayer, una marcha conformada por un grupo de mujeres activistas y otros sectores, partió desde Confital (km 120 de la carretera Cochabamba-Oruro) y se dirige a Cochabamba, como medida de presión para exigir el respeto a la democracia.
La caravana prevé llegar a la ciudad el 10 de octubre, directamente al cabildo que se organizará por el Día de la Democracia en la plaza de Las Banderas en la noche.
“Estamos iniciando la marcha de las mujeres por la democracia, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos”, dijo una de las activistas.
Para el 10 de octubre, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) convocó a realizar cabildos en todas las ciudades, el principal de los actos se realizará en La Paz.
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