Auditoría de la OEA en Bolivia: ¿otro fiasco?

Recepción de guirnaldas de hoja de coca, bailes con cocaleros del Chapare, fueron algunas de las actividades del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en su última visita a Bolivia. Al ser consultado sobre si la reelección indefinida es un derecho humano, el representante uruguayo declaró: “decir que Evo Morales hoy no puede participar… sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos”. Y luego complementó: “mi posición sigue siendo la misma, la reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo de la Corte Suprema boliviana, porque además el sistema americano nunca dijo nada al respecto”. 

Con todo lo anteriormente citado, la reputación de Almagro en el país fue al piso, toda vez que es por todos conocido que abogados constitucionalistas de la talla de José Antonio Rivera Santiváñez y Roberto Viciano Pastor, entre muchos otros, concluyen en sendos estudios de la doctrina científica, la jurisprudencia y la normativa legal vigente, que el fallo aludido, así como la reelección de Morales Ayma es contrario a la propia Constitución boliviana de 2009 y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Por todo ello, y mucho más, la población boliviana en su inmensa mayoría desconfía de la imparcialidad y probidad de la propia OEA en su conjunto, y en muchos casos cree que la auditoría recientemente acordada entre el gobierno boliviano y este organismo internacional, es solamente un pretexto para desmovilizar a la sociedad boliviana aturdida por un notorio y grotesco fraude electoral –visto a la luz del mundo a través de informes especializados en materia informática y por la suspensión del TREP– y por otro lado consolidar la ilegal e inconstitucional reelección de Morales Ayma.

Ante esta realidad, conviene preguntar si la misión de la OEA para realizar la auditoría del proceso electoral no es una burla más de las muchas a las que nos tiene acostumbrados, más aún si se toma en cuenta que según la edición del miércoles 30 de octubre de 2019 del matutino Página Siete, se tienen reportes de que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) empezó a corregir las entradas del padrón electoral que mostraban la presencia de “muertos votantes”, después de que se hicieran públicas las denuncias. Ante todo este lío que resulta una desgracia nacional –amén de la conflictividad y los heridos– se tiene sobre la mesa una opinión consultiva pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección indefinida como un derecho humano, irrazonablemente no resuelta hasta el día de hoy.

El autor es abogado.