El abogado del Foro de Sao Paulo

El exjuez español Baltasar Garzón fue incorporado con bombos y platillos al equipo defensor de Evo Morales, jugada mediática que no sorprende teniendo en cuenta los antecedentes del personaje que incluyen tanto el prevaricato, como la afinidad ideológica con los partidos y gobiernos que han sido parte del Foro de Sao Paulo.

Recordemos que ya anteriormente, hace sólo tres meses, Garzón había denunciado la “persecución política” contra Cristina Kirchner, Lula da Silva y Rafael Correa, lo que parece indicar que su nueva área de especialización es la defensa de exmandatarios seriamente cuestionados por corrupción (aunque Kirchner acaba de volver al poder camuflada como segunda al mando).

Sobre sus relaciones con la mandataria argentina, que según muchas versiones trascendieron de lo meramente profesional, hay que recordar que Garzón fue beneficiado durante el kirchnerismo con un cargo de “coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos”, con rango de subsecretario de Estado y salario de 6.700 euros al mes.

Además, se llegó al extremo de ponerle su nombre al nuevo Palacio de Justicia inaugurado en el municipio de Avellaneda. En retribución, Garzón afirmó en su momento que el gobierno de Fernández de Kirchner no tenía “nada que ver” en la muerte del fiscal Nisman.

En Bolivia, Baltasar Garzón ya tenía una larga afinidad con Evo Morales y había visitado el país para “asesorar en una reforma del sistema judicial”. Viendo el grado de sometimiento y corrupción que tenían los tribunales en el gobierno de Morales, el ex juez no parece haber hecho ningún trabajo dirigido a fortalecer la independencia y transparencia de la justicia.

Pero los que pintan de cuerpo entero a Garzón son sus antecedentes de prevaricación ante tribunales de España. Por ejemplo, en enero de 2010 fue acusado de prevaricato y cohecho por rechazar una querella contra un conocido banco de ese país, después de haberse pagado los cursos que dictó en Nueva York con fondos de esa misma institución financiera.

En febrero de 2012, el Consejo General del Poder Judicial lo inhabilitó por prevaricación, en un fallo que suponía la “pérdida definitiva” de la condición de juez de Garzón, a raíz de unas escuchas ilegales ordenadas por él y que, según la sentencia, rebajaban el sistema penal español “al nivel de un régimen totalitario”. Uno de esos regímenes a los que el ex magistrado parece haberse hecho tan proclive, siempre que se digan de izquierda.

Antes de toda esa deriva de la última década, Garzón se había hecho fama por algo muy distinto, como promotor de la jurisdicción internacional para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Ahora, como abogado de Evo Morales, tendrá que borrar con el codo lo escrito con la mano y tratar de que la jurisdicción internacional no alcance a su defendido. Un triste final.

El autor es senador de UD por Santa Cruz