Chapare en expansión

El Chapare ya no se restringe al trópico de Cochabamba. Es un imperio en expansión que año tras año devora nuevos territorios, donde impone su modelo de sindicalismo autoritario, economía ilícita y devastación ambiental.

Días atrás, veíamos las imágenes de TV sobre un brutal linchamiento en San Julián, zona “cocalerizada” a la que se han trasladado prácticas que, bajo el nombre equívoco de justicia comunitaria, en realidad encubren un sistema de opresión violenta y organizada, totalmente al margen de la legalidad.

Es sólo uno de los tantos bolsones territoriales conquistados en el departamento de Santa Cruz por los colonos chapareños, integrantes de las bases “duras” del presidente Evo Morales y quienes actúan con la participación –u omisión interesada, según los casos– de un INRA cada vez más parcializado y desprofesionalizado.

Las incursiones de los cocaleros en nuevas zonas de ocupación son particularmente agresivas hacia el patrimonio natural, cebándose en áreas como el valle de Tucabaca en Roboré o el Parque Amboró, enclaves de buena parte de la biodiversidad regional.

Los avasallamientos también están poniendo en riesgo el patrimonio cultural, histórico y arqueológico, como sucede en territorios colindantes con el Fuerte de Samaipata, muestra de la prodigiosa cultura arawak, amazónica y preincaica.

Junto a este movimiento de ocupación hacia el oriente, el Chapare realiza otro hacia el norte, en dirección al Beni, más concretamente en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), configurando la ampliación de la frontera de la coca un serio riesgo de etnocidio y ecocidio.

Junto a las motivaciones de tipo económico, este expansionismo tiene además razones de orden político: se trata de asegurar nuevos feudos o bastiones a los cuales replegarse con ventaja, en caso de que una catástrofe electoral barra con el oficialismo del Palacio de Gobierno en 2019.

Algo de esto se puede entrever en declaraciones del primer mandatario que no llegaron a ser editadas por los asesores gubernamentales, con instrucciones a las bases en caso de que “deje de ser presidente”. Pero, claro, el costo de este Plan de Repliegue es altísimo para la seguridad jurídica agraria, los equilibrios demográficos y la protección ambiental en demasiadas zonas del país.

El autor es senador por los demócratas