Fiscalía investiga despido de testigos de Mochilas
La Fiscalía investiga el despido de los funcionarios que son testigos de los casos Mochilas I y II, que involucran al alcalde José María Leyes, debido a que esta acción puede ser considerada como un riesgo de obstaculización en el proceso contra la autoridad edil.
Leyes recobró su libertad con medidas sustitutivas el 13 de febrero. Entre las restricciones que tiene están no tener contacto con los testigos y partícipes del caso Mochilas. La medida implica que el munícipe no tome ninguna decisión sobre estas personas a fin de no perjudicar la investigación.
El mismo día de su retorno a la silla edil, 14 de febrero, la secretaría Jurídica, Rocío Peñaranda, recomendó destituir a Fedra Cors y a otros funcionarios más que son parte de Mochilas I y II como Andrés Cuevas, de Recaudaciones, y Óscar Bascopé, de Educación.
Por ello, la Fiscalía convocó a declarar a exfuncionarios y funcionarios, entre ellos el exsecretario General, Mario Olguín ,que firmó el memorándum para despedir a una de las testigos de Mochilas I, Fedra Cors, según fuentes consultadas y la abogada del Alcalde, Victoria Álvarez.
“El investigador me dijo que sí se tomó las declaraciones, pero extrañamente las declaraciones no cursan en el cuadernillo de investigación ni el requerimiento y eso es muy raro”, declaró Álvarez.
También fue convocada a Fedra Cors, la exfuncionaria que declaró cómo se ejecutó la adjudicación en el marco del caso Mochilas I e incluso implicó a un familiar de Leyes.
En tanto, en los próximos días se prevé llamar a declarar a la secretaria de Asuntos por recomendar al munícipe ni bien retornó al municipio que despida a los testigos. Sin embargo, la funcionaria señaló ayer que “no tiene nada que ver en este proceso” por mochilas y no tendrían por qué citarla.
El Alcalde es investigado desde 2018 por tres casos por la presunta compra direccionada de mochilas por montos que superan los Bs 10 millones.
La injerencia de Leyes en los despidos está plasmada en la instrucción al entonces director de Recursos Humanos, Franco Cardozo, bajo la amenaza de sanción administrativa, “cumplir con las recomendaciones” en el numeral 2 del documento emitido por Peñaranda.
