La gestión pública y el ciudadano

El ser humano es gregario por naturaleza y su instinto le indica que su supervivencia depende en gran medida de la fortaleza de su grupo. Por consiguiente, su esfuerzo ha estado enfocado en mantener un mínimo nivel de convivencia al interior de éste.

Como sociedad, esa búsqueda subconsciente de cohesión nos ha permitido alcanzar un alto grado de refinamiento en la manera en que nos relacionamos con las estructuras de poder establecidas. Ese relacionamiento tiene una naturaleza dinámica y se perfecciona mediante ajustes continuos que permiten superar debilidades y reducir la fricción generada por intereses contrapuestos. En ese marco, un posible indicador de la salud de una sociedad está dado por el nivel de funcionamiento de sus instituciones públicas.

Al respecto, basta con revisar los Planes Municipales de Desarrollo Económico y Social elaborados durante las últimas décadas para observar que, a pesar del dinero disponible y el tiempo transcurrido, muchos de los principales desafíos de la ciudad continúan sin ser resueltos, lo que es unza indicación de la existencia de un problema estructural en la gestión pública local y, por consiguiente, en la salud de nuestra sociedad.

La incapacidad crónica de las distintas gestiones municipales para resolver los principales problemas de Cochabamba genera la impresión de que la negligencia, mediocridad e improvisación forman parte de la idiosincrasia local, algo que evidentemente está lejos de ser verdad. Entonces, ¿qué es lo que explica que el espíritu emprendedor, de innovación y de trabajo que caracterizan a los habitantes de esta tierra no se vea reflejado de manera sostenible en ningún ámbito público, incluido el municipal?

Se podría señalar, entre las posibles causas, al descrédito asociado con el servicio público que desincentiva la participación de muchos ciudadanos que sí podrían revertir esa imagen. Es cierto que el municipio sí ha contado con el apoyo de personal probo y capaz a lo largo de su existencia, pero ello ha sido más la excepción que la regla. Otro motivo de peso podría ser el creciente individualismo y disminución del sentido de civismo que caracterizan a las poblaciones urbanas, cada vez más metidas en sus propios asuntos e indiferentes hacia temas de interés colectivo.

Aun con el riesgo de profundizar esa disfuncionalidad, debiera discutirse la necesidad de adecuar la manera en que la ciudadanía se relaciona con la gestión municipal. Es paradójico que a nivel familiar se priorice el uso racional de los recursos, o que a nivel empresarial la formación y capacidad sean atributos determinantes, pero que ello pase a ser secundario al momento de elegir autoridades con responsabilidad y atribuciones mucho mayores.

Entonces, una mejora en la gestión edil debe necesariamente incluir un mayor nivel de participación ciudadana, además de otros aspectos. ¿Se puede poner en duda del peso que tienen las OTB, juntas vecinales y comités de vigilancia? Si los espacios colectivos de participación ya establecidos continúan siendo despreciados, como lo han sido hasta ahora, éstos seguirán siendo copados por los mismos grupos de interés de siempre, cuyo único fin parece ser la obtención de prebendas para apoyar al caudillo de turno, más que buscar una visión integral de desarrollo municipal. Por tanto, no solo por acción sino también por omisión es que todos resultaríamos siendo parcialmente responsables de la caótica situación actual.

Otros espacios fundamentales de discusión y gestión del desarrollo municipal que deben ser considerados son los colegios profesionales, las asociaciones empresariales y principalmente el comité cívico. El peso específico de muchos de ellos ha ido desvaneciéndose, precisamente, por la falta de interés de los sectores a quienes deben representar y por la falta de un proyecto común que los motive.

Finalmente, un tema a considerar en la calidad de la gestión pública es el desconocimiento de la mayoría de las autoridades electas y designadas acerca de su rol en la administración municipal y de lo que ésta implica. Esa carencia de conocimiento las lleva a perder un tiempo precioso y a cometer errores innecesarios mientras aprenden el oficio. Aunque actualmente no constituye un requisito electoral, sería interesante discutir la conveniencia de solicitar a los interesados en participar en la política, en todos sus niveles, una certificación de competencia en el ámbito de su interés.

Dicha certificación podría ser otorgada por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional o, incluso, por cualquier universidad cochabambina interesada en potenciar la gestión edil. Esta última alternativa al menos lograría incrementar el nivel de conocimiento de las nuevas autoridades, lo cual constituiría un gran logro en sí mismo.

El autor es administrador de empresas y magíster en administración de negocios