Remedios propios que funcionan y olvidamos

Escribo aquí sobre la viejísima crispación que lacera nuestras conciencias, estimulando preguntas sobre cómo resolver un mal que, aparejado hoy, con la pandemia que nos golpea, se hace insoportable.

La corrupción, conocida, cotidiana, incontinente y presuntamente incurable crece tanto en estos días de dolor e incertidumbre, porque su acostumbrado ejercicio luce, ahora, sencillamente bestial al apoderarse del manejo de los recursos que serviría para el alivio de la enfermedad, el dolor y el hambre que trae el despiadado ataque del coronavirus.

Lejos de esas expectativas, los provisionales e imprevistos operadores del poder –imitando codiciosamente a sus predecesores– expulsados las últimas cinco semanas del control del poder público debido, entre las más importantes razones que lo motivaron, a su profundo y disciplinado compromiso con todos los mecanismos corruptos posibles, vuelven a ejercitarlos y a multiplicarlos, aplicándolos al campo del alivio de la pandemia, del cual están secuestrando recursos en todas las áreas posibles.

Es bueno, en este punto, recalcar que hablar de corrupción no debe detenerse en la más común y vulgar de sus acepciones, la del robo, fraude o malversación de fondos públicos.

Lo esencial de la corrupción consiste en el uso del poder público para la satisfacción y beneficio de intereses privados, sean de individuos o grupos; tan grandes en algunos casos, que pueden abarcar a miles o millones de personas.

Ese es el corazón del corporativismo ejercitado por el MAS, que sacrificó los intereses y recursos de toda la sociedad en beneficio de las organizaciones en que se apoyaba, estimulando nuestros enfrentamientos internos y nuestras pulsiones más mezquinas y destructivas.

La naturaleza propia de la corrupción estriba en el uso del poder público, por lo que tildar a una sociedad como corrupta por cualquier transgresión legal e individual de leyes y normas, como pagos a funcionarios para salir de un aprieto o “descongelar” un trámite, vulnerar una restricción o similares, simplemente ayuda a esconder el fondo de la corrupción para beneplácito y satisfacción de los corruptos que, en todos los casos, son los individuos y asociaciones provistos o investidos de poder.

La indignación que nos produce observar que, hasta las compras de respiradores o alimentos, se convierten en oportunidades para engordar bolsillos de funcionarios y amigos, motivó al abogado Carlos Pinto Meyer a sugerir, en una columna de opinión, que tomemos ejemplos de países como Singapur o Ruanda para salir, realmente y de una vez, a enfrentar la corrupción.

La creación de instituciones, completamente independientes del conjunto de los aparatos estatales, con prerrogativas extraordinarias y capacidades de patrocinio de iniciativas legislativas son dignas de considerarse; o la de Guatemala (no mencionada en ese artículo), con el apoyo de un grupo de Naciones Unidas, que contribuyó a contrapesar la podredumbre estructural de los órganos de administración de justicia.

Las experiencias de otros países no deben hacer que olvidemos la valiosa guía contenida en nuestra propia Constitución (olvidada, ocultada y traicionada por el régimen masista y sus actuales sucesores interinos), que pone el acento en la completa transparencia de las acciones y toma de decisiones públicas, en el control y la participación social, como fundamentos de una gestión transparente, verificable y sometida a la rendición de cuentas.

Dicha esencia está, por cierto, desnaturalizada en las leyes que fueron creadas para reglamentar la aplicación de nuestra Constitución.

El principio clave de nuestro propio remedio radica en entender que el Estado, como maquinaria copada y manejada por políticos profesionales –y no, como se nos trata de hacer creer, que “el Estado somos todos”–-, actuará siempre a espaldas de la sociedad, escondiendo sus acciones y procurando crear sus propias huestes para eternizarse.

Ni el más “amigable” y benevolente Estado, es nuestro; siempre es ajeno y debe controlarse, comenzando por todo tipo de asociación política profesional, que contiene la semilla y la escuela de todas las corrupciones, los abusos y las perversiones cometidas contra libertad, la democracia y nuestros bienes y recursos colectivos.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo