Tribunal señala a gestiones de Evo y Áñez por “ecocidio” en la Chiquitanía
El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) responsabilizó a las gestiones de Evo Morales y de Jeanine Áñez por el “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio”, en referencia a los gigantescos incendios ocurridos en la Chiquitanía, Chaco y Amazonía en 2019.
“Corresponde la sindicación como autores del delito de ecocidio contra la ecorregión Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia al Gobierno de Evo Morales 2019, Gobierno Áñez 2020 y Gobernación de Santa Cruz y Beni; (a la) Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras; (a la) Asamblea Legislativa. Bancadas del oficialismo y la oposición; (a la) Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Agroambiental; (y al) extractivismo agroganadero y de soya transgénica para la exportación”, reza parte de la sentencia.
En este sentido, el Tribunal estableció también la abrogación de las normas señaladas como “incendiarias” a fin de que estos hechos no se repitan.
“En base a estos antecedentes, los demandantes identifican como autores del delito de ecocidio a las autoridades administrativas, legislativas y judiciales, quienes diseñaron la política, aprobaron el paquete legislativo y, ocurridos los incendios, favorecen a las condiciones de impunidad para los perpetradores”, agrega.
Asimismo, entre las resoluciones, el TIDN establece garantías para que los incendios no ocurran nuevamente, entre ellas la abrogación de las normas que promueven la ampliación de la frontera agraria y con ello las quemas y desmontes. Específicamente se refieren a las leyes 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques y su decreto 1578; las leyes 739 y 952, de ampliaciones del plazos y modificaciones de la Ley 337; la 741, de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias; la 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas; la 1098 sobre autorización de eventos de soya transgénica asociada a la producción de biodiésel, y la ley departamental 93/2019 (Beni) sobre la aprobación del Plan de Uso del Suelo de Beni. La decisión fue dada a conocer por los jueces Nancy Yañez, de Chile; Patricia Gualinga, de Ecuador, y Felicio Pontes, de Brasil, quienes dirigieron las audiencias virtuales del lunes 17 y martes 18 de agosto, en las que recibieron los testimonios de las organizaciones indígenas, organizaciones, activistas, bomberos, la Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco.
El Tribunal se compromete a dar seguimiento a este crimen de ecocidio de ejecución continua, ya que se sigue repitiendo, y establecer una comisión permanente para vigilarlo.
Se quemaron 6,4 millones de hectáreas
Los incendios de agosto y septiembre ocurridos en Bolivia el 2019 devastaron al menos 6,4 millones de hectáreas, según documentación a la que accedió el Tribunal.
El 65 por ciento de esa superficie se concentró en el departamento de Santa Cruz y el 29 por ciento en Beni.
La región más afectada correspondió a la Chiquitanía, que es parte de la Amazonía y el Chaco boliviano, y se integra, a su vez, por los ecosistemas del Bosque Seco Chiquitano, el Pantanal, el Cerrado y el Chaco. Los demandantes señalan que el 27 por ciento de las áreas afectadas se quemaron por primera vez.
Los incendios también afectaron a 1.133.037 hectáreas de zonas naturales protegidas, 969.718 de tierras de uso forestal, 341.790 de tierras de uso silvopastoril y 5.336 de tierras de uso restringido.
Entre las áreas protegidas nacionales, la mayor superficie quemada se dio en San Matías, que sufrió el 26 por ciento (772.831 hectáreas) de su superficie y el Parque Nacional Otuquis con el 35 por ciento (313.744 hectáreas) de su superficie quemada.
También se incendiaron 1.961.649 hectáreas dentro de ocho sitios Ramsar, que son humedales de importancia mundial para la conservación de aves migratorias, estacionales y numerosas.
La consiguiente contaminación de las aguas por las cenizas dañó su calidad, lo cual también afectó a las poblaciones que se proveen de ellas, causando la migración de las comunidades indígenas, durante y posterior a los incendios.
