Tráfico mortal y colonización

La acusación de proteger o participar del tráfico de cocaína ha sido una de las armas arrojadizas preferidas en las disputas partidistas bolivianas, especialmente contra el régimen del MAS, dada su cuna y proximidad con los dirigentes cocaleros del Chapare. También ha sido una de las más inútiles e impotentes, cuando se ve la historia electoral nacional de este siglo.

El arresto del segundo ministro de Desarrollo Rural y Tierras del actual Gobierno, acusado de pedir y aceptar los primeros 20.000 dólares de un soborno de medio millón de la moneda extranjera, nos golpea con inusitada fuerza en el rostro, al demostrarnos, por enésima vez, que el verdadero gran tráfico y negocio del régimen es el de la tierra.

El enardecimiento que ha producido la detención del ministro y su diligente viceministro, en las filas del evismo, como en la de algunos de sus competidores internos y en la dirigencia de la organización social de la que procede el presidente, permite descubrir la brutal y mortal magnitud del tráfico de tierras en Bolivia.

Los colonizadores –colectivo social compuesto originalmente por el amplio sector de campesinos pobres obligados a migrar en busca de mejores tierras y posibilidades de sobrevivencia– fueron, desde los años 50 del siglo pasado, el sujeto que extendió los límites del mercado interno, abrió senda a la presencia estatal y consolidó de esa manera la soberanía del país.

Equívocamente se les expropió y cambió el nombre e identidad por el insípido y traicionero denominativo de “interculturales”. Este cambio ocurrió al mismo tiempo que la dirección sindical del sector, íntimamente vinculada a los cocaleros y medianos y pequeños soyeros de Santa Cruz, desarrollaba crecientes vínculos con la toma de tierras.

Al principio se trataba de algunas grandes propiedades privadas, generalmente mal habidas bajo influencia de dictaduras militares, pero, a partir de la segunda presidencia de Morales, con el auspicio del ministerio de Desarrollo Rural Tierras y del INRA, la actividad se ha ido concentrando en el saqueo y expropiación de tierras fiscales, reservas y parques naturales y territorios indígenas, como lo han denunciado reiteradamente investigaciones de la Fundación Tierra y otras.

Con el pretexto de ampliar la frontera agrícola para aumentar la producción de alimentos, se trasladan familias que extraen ilegalmente recursos madereros, especies animales y, finalmente, incendian y arrasan el bosque porque el gran y verdadero negocio es ampliar el mercado de tierras que termina vendiéndose a empresarios extranjeros.

No se trata, como afirma el casi eterno “ministro”·Juan Ramón Quintana –a tiempo de señalar que los sobornos ministeriales son irrelevantes–, de un negocio de medio siglo de duración, sino de los últimos años, cuando el cultivo internacional de oleaginosas ha hecho que inversores extranjeros busquen tierras bolivianas, copadas inicialmente por grupos de colonizadores, quienes venden sus “conquistas” a empresarios que tienen los contactos y relaciones necesarios para comercializarlas a escala internacional.

El cultivo de soya y de otras especies para “biocombustibles”, usando semillas transgénicas, no tiene sustento ni destino económico en nuestro país, si no es con el enorme subsidio que obtiene del tráfico de tierras, porque los grandes productores vecinos usan las mismas técnicas –más baratas y accesibles en sus países– y tienen la ventaja de estar al lado de puertos que están alejados de nosotros por miles de kilómetros.

Los productores internacionales pueden darse el lujo de producir en Bolivia, porque esos lotes más caros, se diluyen en sus costos, al mismo tiempo que les dan la ventaja de aumentar su potencia en cantidad de oferta.

De allí que la alianza económica entre colonizadores –base fuerte del masismo– y agroempresarios es tan poderosa e íntima, pese a las contradicciones entre el MAS y las expresiones políticas de esas élites económicas. De allí también que la abrogación de decretos pro transgénicos, e indirectamente de agrotóxicos, signifique muy poco, ya que al actual Gobierno se ha comprometido a sustituir los decretos por leyes.

El tráfico de tierras, que hoy arrasa e incendia, hace arder también nuestro futuro colectivo, porque los bosques y territorios avasallados son el verdadero recurso estratégico común y la base de una nueva economía y de nuestra propia vida.

El autor es director e investigador del Instituto Alternativo