¡Coches eléctricos a la vista!

Algo se mueve en el sector energético boliviano. Lenta y tímidamente, sin una visión integral, pero algo se mueve al fin.

Bolivia está sentada sobre la bomba de tiempo del fin del ciclo del gas natural, por la explotación acelerada de los pozos y la insana “nacionalización” que ha privilegiado la monetización de las reservas en lugar de su reposición mediante la exploración. Consecuentemente, ingresan menos divisas por la exportación de gas y se gasta más por la importación de combustibles. Para muestra un botón: según la Fundación Milenio la participación de la renta de hidrocarburos en los ingresos del gobierno central ha bajado en siete años del 51% (2013) al 17%, menos que en 2004.

Por tanto, encaminar un proceso de transición energética no es una opción para el Gobierno y el país, sino una necesidad y una urgencia. Es un camino que una reciente “hoja de ruta”, propuesta por la Universidad Católica Boliviana (UCB) por encargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha delineado con claridad.

Percibo que el actual ministro del ramo, sin duda el más serio en más de una década, ha comprendido la necesidad de encauzar una transición energética gradual hacia las energías renovables. En efecto, en los últimos meses han salido a la luz dos decretos de gran relevancia.

El DS 4539 del 7 de julio aprueba incentivos tributarios para promover la electromovilidad urbana y agrícola y, también, para importar equipos de sistemas de energía. Esa medida, que está siendo reglamentada en aspectos técnicos vitales, contribuye a reducir el costo de compra de los autos eléctricos que, es sabido, representa el mayor obstáculo para la expansión de la electromovilidad.

En esa misma línea, el decreto facilita el acceso a créditos bancarios para la compra de un vehículo eléctrico a tasas de interés equiparadas a un crédito productivo. Es una medida importante pero insuficiente, ya que debería estar acompañada, por ejemplo, por la obligatoriedad de recibir el auto a gasolina usado como parte de pago, compensando con incentivos a las empresas comercializadoras, como se hace en otros países. La gran ventaja económica de un auto eléctrico es que, con los precios actuales de gasolina y electricidad, se ahorra hasta un 75% del costo del combustible, lo que permite un repago acelerado.

La recarga de las baterías eléctricas requiere infraestructura y generación eléctrica “distribuida” a partir de fuentes renovables, incluso para alimentar la red de distribución. De normar esa apertura “revolucionaria” se ocupa el DS 4477 del 24 de marzo de 2021. En efecto, no tendría sentido que los autos eléctricos consuman la electricidad generada por termoeléctricas, de modo que es urgente fomentar generación y consumo de energía fotovoltaica y eólica y discontinuar gradualmente las termoeléctricas de ciclo abierto por su baja eficiencia. Faltaría regular la instalación obligatoria de puntos de recarga en garajes de condominios y en estacionamientos públicos.

De todos modos, considero que con los dos decretos de marras se han dado pasos importantes hacia la transición energética, pasos, sin embargo, aún incipientes y parciales. Mi mayor crítica es la falta de una visión holística del proceso, considerando todas las implicaciones, incluso sobre el modelo de desarrollo.

Hace falta un verdadero “plan de transición energética” que identifique no solo problemas y desafíos, sino tiempos y medidas a implementar; que involucre a actores institucionales, empresariales y sociales; que cristalice procesos de diálogo para “seducir” acerca de esas medidas y su impacto en la economía y en la vida del ciudadano; pero, también, que recoja inquietudes y sugerencias de los usuarios.

En resumen, ¿coches eléctricos a la vista? Sí, pero todavía solo con binoculares.

El autor es físico y analista