COP26: una cumbre ante el desafío de las promesas incumplidas

De cara a la Cumbre del Clima de la ONU en Glasgow (COP26), los líderes mundiales vuelven a hablar de objetivos ambiciosos para la reducción del carbono. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por ejemplo, ha fijado el objetivo de crear “un sector energético libre de contaminación por carbono para 2035 y una economía de emisiones netas cero, a más tardar en 2050”.

Por desgracia, ese objetivo tendrá un valor prohibitivo. Un nuevo estudio publicado en la prestigiosa revista Nature muestra que el costo de una reducción del 95% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para 2050, casi el cero neto de Biden, costaría el 11,9% del PBI o más de 11.000 dólares actuales para cada estadounidense por año.

Han pasado 24 años desde la adopción del Protocolo de Kioto, el primer gran acuerdo mundial que prometía reducir las emisiones de carbono. Desde entonces, el mundo ha albergado cientos de cumbres sobre el clima y las naciones ricas han hablado de forma fiable sobre la ecología; pero las emisiones han seguido aumentando porque ningún dirigente quiere cargar a sus ciudadanos con la enorme etiqueta del precio.

En un análisis muy sincero de la última década de política climática, la ONU califica la década de 2010 como “década perdida”. A pesar de las numerosas cumbres y promesas sobre el clima, al observar las emisiones reales, la ONU no puede distinguir entre el mundo en el que estamos y uno en el que no nos preocupamos en hacer algo por el clima desde 2005.

Eso pone en perspectiva el desafío de la COP26. Los líderes mundiales pueden optar por hacer lo que han hecho durante décadas y plantear promesas que suenen bonitas y que, finalmente, se revelarán tan huecas como las de las últimas décadas, porque los votantes rechazarán los costos. O, finalmente, podrían seguir un camino diferente.

El verdadero reto del enfoque actual de la política climática es que, mientras la reducción de las emisiones sea cara, los líderes hablarán mucho, pero harán poco. En el mundo rico, se trata de evitar seguir los vergonzosos pasos del presidente francés Emmanuel Macron, que tuvo que dar marcha atrás ante el movimiento de los chalecos amarillos tras proponer un modesto aumento de los precios de la gasolina. En el mundo más pobre, las naciones tienen prioridades mucho más importantes, como impulsar el crecimiento económico y sacar a sus poblaciones de la pobreza.

Lo que se necesita es un enfoque mucho más firme en la investigación de la energía verde. Si el mundo pudiera innovar una energía verde que fuera más barata que los combustibles fósiles, habríamos resuelto el calentamiento global. Todos cambiarían, incluso China e India. En colaboración con 27 de los mejores economistas climáticos del mundo y tres premios Nobel, mi grupo de expertos, el Consenso de Copenhague, descubrió que la política climática más eficaz a largo plazo consiste en invertir muchos más recursos en Investigación y Desarrollo (I+D) verde.

Durante la cumbre del clima de París en 2015, la mayoría de los países del G20 prometieron duplicar el gasto en I+D, en innovaciones de energía verde para 2020. Por desgracia, también están incumpliendo esta promesa.

En lugar de hacer grandes y costosas promesas de las que los futuros gobiernos tendrán que retractarse una vez que los ciudadanos protesten por el aumento de las facturas de electricidad, los líderes deberían comprometerse inmediatamente a gastar mucho más en I+D verde. No solo la mayoría de las naciones ya han hecho esa promesa, sino que su cumplimiento puede verificarse en 12 meses. Y lo que es más importante, el costo total para cada nación será mucho menor que el de las políticas climáticas actuales.

En la COP26, los líderes mundiales harían bien en no repetir lo que ha fallado en las últimas décadas, sino en empeñarse en un camino mejor, más barato e inteligente, que realmente ayude a solucionar el cambio climático: asegurarnos de innovar en tecnologías que puedan ayudar a que todo el mundo abandone, con bajo costo, los combustibles fósiles.

El autor es presidente del Copenhagen Consensus Center