Increpan a funcionario de la AJAM en foro: ¿Por qué permiten explotar oro en nuestros territorios en contra de nuestra voluntad?
El foro multiactor sobre desarrollo realizado en la ciudad de La Paz, fue el escenario en el que líderes de organizaciones de la sociedad civil, campesinas e indígenas interpelaron al representante de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Ernesto Mostajo, sobre el rol que desempeña esta entidad, frente a la expansión de la explotación ilegal del oro en sus territorios.
“¿Por qué no hay justicia para el pueblo indígena?”, preguntó al funcionario con la voz entrecortada, Lucy Condori, una agricultora de la Central Obrera Agraria del Valle de Zongo que tomó la palabra para interpelar al funcionario.
Lamentó que a pesar de estar en una zona considerada también área protegida, la AJAM de manera constante haya otorgado permisos mineros, sin considerar la vocación productiva del valle.
“Tenemos zona tropical hasta amazónica, pero constantemente la AJAM ha dado permisos. Ustedes vienen a dividirnos, entran mineras a nuestros territorios, entran chinos ¿y quién nos protege?, ¿la AJAM?, no. La AJAM, habla bonito pero nos hace pelear, no respeta las consultas”, aseguró ante un auditorio lleno.
Mostajo respondió que si las cuadrículas recaen en áreas protegidas, parques o reservas naturales, esa información salta en el sistema de la División de Catastro y Cuadriculado Minero, por lo que se solicita al actor minero respaldar que esa es compatible con la actividad minera. Dijo se basan en la información del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
"La consulta previa, en la ley minera señala que debe haber tres reuniones de consulta previa. Los actores mineros se están adecuando al nuevo marco normativo a quienes se les entregará contratos por 30 años, pero estos trámites no se van a enmarcar a la consulta previa para los derechos preconstituidos", señaló Mostajo
En cambio, dijo que los nuevos trámites ya están enmarcados en la consulta previa que es ir a consultar a los sujetos de consulta si están de acuerdo o no con el proyecto minero.
Otra de las asistentes al evento denominado “Rutas para el reencuentro: desarrollo sostenible y derechos humanos en Bolivia”, Katherinne Fernández reprochó que el Estado permita que comunidades indígenas y campesinas se conviertan en mineras para defender sus territorios, esto en alusión al caso de los Tacanas II y otros.
“¿Cómo es posible que el Gobierno haya llegado a esto, cómo es posible que los pueblos indígenas y campesinos tengan que incursionar en la minería para proteger sus territorios?”, cuestionó.
Dijo que en todos los territorios tropicales y amazónicos hay mucha incursión de extranjeros. “Hay colombianos, hay chinos, hay familias completas. ¿La AJAM hace algún control?, ¿hace un listado de estas personas que operan en la minería?, ¿qué tipo de documentación tienen para permanecer en el país?”, preguntó.
Cuestionó que la AJAM asegure que maquinarias enormes que se usan para la explotación del oro, sean escondidas antes de los operativos en las zonas. “Llama la atención que la maquinaria pesada la han escondido, porque no es fácil esconder la maquinaria”, acotó.
Mostajo a su turno confirmó: “Hay comunidades agrarias que se han convertido en cooperativas mineras para hacer la explotación (minera) en su lugar, y eso no está limitado, pueden convertirse en cooperativas, y es una de las grandes preocupaciones. Pero para que pueda determinar la autorización en una área protegida se hace la verificación sobre el catastro del Sernap”.
Una vez emitida la verificación de parte del Sernap, la AJAM da luz verde a la autorización minera. “Si es compatible con la actividad minera emitida por el Sernap se da continuidad al contrato administrativo minero; se les da plazo para que puedan cumplir y se puedan regir a la Ley 535”, señaló.
Río Tahuamanu
A su turno, Luis Alberto Rojas del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (Bocinab)calificó como un “cáncer terminal” la explotación aurífera.
“Lamentablemente los que dan la autorización, como son los de la AJAM, son cómplices; se hizo un estudio en el río Beni, y de diez niñas y niños, ocho salieron con mercurio en su cuerpo, y estos temas no se lo hablan. Con seguridad la AJAM no se va a responsabilizar por esta situación”, sostuvo.
El dirigente señaló que la AJAM cuadriculó todo el río Tahuamanu en el departamento de Pando y otorgó derechos mineros hace tres años, mientras que los afectados recién se enteraron hace dos meses y medio.
“Recién nos hemos enterado hace dos meses y medio; nos enteramos que el 100% del río Tahuamanu está cuadriculado, ya se han entregado las autorizaciones, desde el bloque hemos venido pidiendo al Ministerio, a la AJAM información y no la hemos tenido”, denunció.
En ese marco responsabilizó a la AJAM de ocultar información. “¿De qué transparencia estamos hablando?, ¿de qué información hablamos?, ¿Dónde está el derecho de la Madre Tierra?, si vamos a pensar que las leyes o el Gobierno nos va a defender estamos mal (…). Vamos a tener que atrincherarnos en nuestros pueblos, a organizarnos en nuestras comunidades”, exclamó.
Al foro organizado por la Red Unitas fue invitada la directora Ejecutiva de la AJAM, Brenda Lafuente, pero no asistió, y en cambio envió a su representante, Ernesto Mostajo.
