Vecinos del Distrito 12 se declaran en emergencia y denuncian amenazas
Los vecinos del Distrito 12 se declararon este lunes en emergencia y denunciaron que recibieron llamadas de amenazas para levantar su movimiento en contra de dirigentes que tienden a perpetuarse sin rendir cuentas del uso de los recursos del Plan Operativo Anual (POA), desde 2017.
El Distrito 12 tiene 21 OTB y 14 están en desacuerdo con “el prorroguísmo, con la ilegalidad y con la corrupción”, dijo un grupo de vecinos en conferencia de prensa en la plaza 14 de Septiembre.
“Hace un año que hemos recabado las pruebas, los videos, los audios de cómo trabajan estos señores. Nosotros no tenemos derecho a ver, no tenemos derecho a decidir qué queremos hacer en nuestra OTB, son ellos los que disponen y los que deciden”, denunció Ana María Aramayo.
Según Sergio Vargas, presidente de la OTB Portales: “Hemos empezado a descubrir una maraña de corrupción, de desinformación, que está viniendo desde el Distrito 12, el Concejo y de diferentes estamentos que afectan a los vecinos. Son recursos de los cochabambinos que no tienen transparencia alguna y que justamente nosotros estamos llegando a hondar en estas cuestiones, tenemos problemas porque no podemos ejecutar un solo presupuestos, porque estos señores se han distribuido a dedo nuestro presupuesto”.
“Nuestra lucha es por las OTB, por el abuso dentro la zona y por la falta de transparencia desde 2017, no puede ser que una OTB se beneficie y otras como la OTB Portales no tiene recursos en cinco años”, dijo.
Además, “hemos recibido amenazas personales o paramos esto o va a pasar alguna cosa, entonces, imagínese ese matonaje municipal”.
“Estamos en emergencia por el asalto a los recursos del Distrito 12, estamos ante avezados delincuentes que están 14 años en la dirección del distrito, no tenemos recursos, no tenemos obras en la zona norte y estos señores que son autonombrados el Control Social y el Distrito 12 están cohabitando con la actual administración municipal”, Armando Pérez.
Los vecinos observan la falta de fiscalización de parte de Control Social, la Fedjuve y el Concejo Municipal.
