¡Un soberano fracaso de los legisladores!

Consenso fue la palabra que se hizo escuchar hace dos meses. Fue la única oportunidad en que las bancadas del MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana se pusieron de acuerdo para aprobar un reglamento de convocatoria para el cargo de Defensor del Pueblo. Una tenue luz de tolerancia política empezaba a alumbrar. Pero pronto llegó la noche otra vez.

Ese frágil consenso se rompió hace algunas semanas, cuando las tres bancadas se posesionaron en sus exigencias y expectativas, obedeciendo consignas y órdenes. Se jugaron por el desastre y hoy vemos eso: un fracaso rotundo de los legisladores, aunque entre ellos se repartan las culpas y se acusen de que el uno o el otro no cedían en sus posiciones.

Para ello los políticos son campeones: no reconocer errores, lavarse las manos y acusar al otro. Judas y Poncio Pilatos siempre presentes en los pasillos del Legislativo. Es así cuando no se debate a fondo, cuando no existe una cultura democrática y cuando los legisladores son simples piezas para ser manipuladas y usadas. Luego serán desechadas. 

La Constitución Política del Estado es nuestro texto fundamental. Demanda a los legisladores llegar a consensos y eso se refleja en los dos tercios de votos para definir temas esenciales, como la elección del Defensor del Pueblo (Art. 220, CPE), del Contralor General del Estado (Art. 214, CPE), del Fiscal General (Art. 227, CPE). Todos ellos hace años vienen funcionando con interinatos, en franca violación al texto constitucional.

En más de 15 años por primera vez el pleno del ex-Congreso, hoy Asamblea Legislativa Plurinacional, supo de la existencia de los dos tercios de votos y por tanto correspondía hacerle honor a ese desafío político. 

Si no han podido generar acuerdos para elegir al nuevo Defensor del Pueblo, cuyo mandato es ejercer una autoridad moral, ética y de interpelación cuando se vulneren los derechos humanos de los bolivianos, cómo será para los otros cargos que tienen mandatos vinculantes, coercitivos y de cumplimiento obligatorio, como el fiscalizar, controlar los recursos económicos del Estado y administrar la justicia. Los acuerdos serán difíciles, a no ser que haya maletines o pegas por debajo, como mecanismo de negociaciones secretas. 

Las tres bancadas hicieron los esfuerzos durante el mes de selección y de entrevistas de los postulantes para Defensor del Pueblo. Luego vinieron las acusaciones, los desmentidos, las jugadas, las maniobras y el dedo acusador de ambos lados: o son masistas o son pititas. Así lo expresó el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, cuando calificó a los siete candidatos que fueron seleccionados al final como gente del MAS y que no servían para este importante cargo. Consigna que repitieron hasta el hartazgo los diputados y senadores de esta agrupación política. De igual manera, senadores del MAS afirmaron que un par de candidatos eran pititas y que no sabían ni saludar en un idioma nativo.

Con este monumental fracaso de los legisladores, no pierden nada ellos, quizás ganen demostrando fuerzas por un lado y por el otro. Pierde la institucionalidad de los derechos humanos —hoy en la tormenta de una pugna política que mina su credibilidad—, como lo es la Defensoría del Pueblo, y pierde la gente porque verá a esa institución como un instrumento político del Gobierno, mientras las violaciones a los derechos humanos se multiplican en la realidad de todos los días y los vulneradores de derechos se sentirán felices.

Se le hace un daño tremendo a la Defensoría del Pueblo con alargar el mandato interino de la señora Nadia Cruz, defensora del pueblo, que ya lleva más de tres años de ser suplente e interina, cuya gestión ha dejado más sombras y pocas luces. ¿Esto quería la bancada de la oposición? ¿Institucionalizar el interinato otra vez?

Tantos pero tantos problemas que puede coadyuvar a solucionar la institución defensorial, pero mientras tanto los diputados y senadores están encerrados en sus cavernas, jugando a la lógica de ganar-perder, cuando en esta dinámica debería imponerse el ganar-ganar. Es decir, dar señales de estar a la altura de los retos actuales y asumir que al Gobierno le hará muy bien contar con un titular defensorial que goce de independencia, capacidad, liderazgo y honestidad política, antes de tener un Defensor o Defensora del Pueblo que sólo se arrodille ante el poder. Estos son autogolpes bajos. Ahí están las experiencias de David Tezanos Pinto (obligado a renunciar por agredir a su pareja) y Nadia Cruz (interina), cuestionados en varios flancos; además ahora, con el cumplimiento del mandato constitucional, que feneció el 14 de mayo, la interina será más interina que nunca.

Ojo que el Defensor del Pueblo no es una autoridad que de entrada está contra los gobernantes, para denunciarlos, sino que está para acompañar la gestión pública en el marco del cumplimiento de los derechos humanos, porque éstos no son simples discursos, promesas, ni regalos, ni cosas abstractas, ni imposibles de hacerse realidad.