Cuba, 11 de julio

El 11/07/2021 a las 10 a.m. comenzó un estallido de protesta que desde la pequeña ciudad de San Antonio de los Baños en la provincia Artemisa, al oeste de La Habana, se extendió hasta 62 lugares, incluida la misma capital cubana. El motivo: el descontento por la situación económica y política del país que revela un grado de extrema vulneración de la libertad y la igualdad formal: más de 200 cárceles, alrededor de 100 mil presos comunes y 900 prisioneros políticos y de conciencia al 30 de junio de 2022, según Prisoners Defenders en su sitio web. 

En paralelo, las evidencias de la desigualdad material, como señalo en mi estudio inédito “Cuba: no hay derecho”: “(…) el nivel capitalista integrando a la cúpula del poder formada por la familia Castro y sus allegados más el núcleo superior de mandos militares, gozando de privilegios exclusivos a raíz de su poder sobre el patrimonio que se supone es público, y en su condición de socios de las empresas extranjeras afincadas en la isla. Por debajo, el nivel feudal de los cuentapropistas y los productores agropecuarios, luchando para no asfixiarse con los requisitos, las condiciones y las restricciones, la burocracia, los impuestos y el control. Descendiendo, los ‘cuadros, profesionales y atletas’ (…) esclavizados en un sistema de trabajos forzados aniquilador de la libertad vía el terror”. Se añaden las carencias de cantidad y de calidad de los bienes y servicios más vitales, incluyendo la salud y la educación, cuyos logros son parte de la impostura propagandizada larga y cínicamente. Eso es el socialismo, punto de llegada de la “revolución” en su salto hacia atrás, al pasado, condenando a la mayoría a la igualdad en la más profunda pobreza, en un escenario generalizado de decadencia. Contra eso salió la gente a protestar. 

En su crónica “11 de julio en San Antonio de los Baños: lo que se ve/lo que no se ve”, Carla Gloria Colomé (Revista Digital “El Estornudo”; 15/07/2021) relata que a las 4 p.m. de ese día Miguel Díaz-Canel, presidente de la República, dijo en la cadena nacional de radio y televisión: “Aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se van a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora, y en todos estos días. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la Revolución. Y estamos dispuestos a todo. La orden de combate está dada. A la calle los revolucionarios. En ese mismo momento, en estrategia interagencial coordinada, el robusto aparato represivo del Estado totalitario cubano, armado hasta los dientes, salió a las calles. (…) El aterrador cóctel compuesto por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior (Minint), la Brigada Especial Nacional (BEN) —más conocida como ‘Boinas negras’— y las Brigadas de Respuesta Rápida llegaba en camiones y guaguas a cada esquina del país donde se registraron focos de protestas y en cacería brutal evidenciaban su carácter ahora abiertamente represivo y sangriento. No sólo las fuerzas uniformadas patrullaban el país en masa numerosa, sino que fuerzas paramilitares, vestidas de civil y ostensiblemente armadas con cabillas forradas con mangueras, trancas, bates y otros engendros, desfilaban en grupo por las calles como lo que son, los Tonton Macoutes de la dictadura cubana: grupos autorizados a instaurar el terror.”

El resultado: Prisoners Defenders denunció ante la ONU el 18/04/2021 22 casos de prisión política de niños y enumeración y detalles de otros 14, según difunde en la red Ciber Cuba, y el 07/07/2022, en su sitio web, que al 30/06/2022 hay 999 prisioneros políticos y de conciencia que sufren condenas judiciales y limitación de libertad decidida por las fiscalías, en franca violación del debido proceso y las normas internacionales de derechos humanos; entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Pérez Castillo “Osorbo”, artistas del Movimiento San Isidro, condenados a cinco y nueve años de presidio sin base alguna, como denuncia Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señalando que “los juicios de Luis Manuel y Maykel, que nunca debieron haber ocurrido, se llevaron a cabo a puerta cerrada y bajo un fuerte control policial”, por lo cual exige su inmediata libertad. 

El 15/05/2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó por unanimidad un nuevo Código Penal, aumentando y legitimando la represión (Eloy Viera; “El Código Penal y la triste unanimidad del parlamento cubano”; YouTube), con más delitos, más pena de muerte y más años de presidio. Ha sido, como dice Yoani Sánchez en nota de opinión publicada en DW el 17 de mayo, “redactado por un sistema hundido en la desconfianza hacia la sociedad y en el pavor al futuro. Un glosario de los terrores del castrismo y de sus intentos desesperados por frenar lo que de todas formas llegará”. Y sí, llegará. Se llama LIBERTAD.