Inflación baja, subsidios y hambruna fiscal

Mantener la inflación estable y baja es uno de los objetivos de toda política económica. Los precios estables son una condición sine qua non, aunque no suficiente para el crecimiento económico. 

En 1985, Bolivia registró la primera hiperinflación en el mundo sin que haya ocurrido una guerra anteriormente. En ese año la inflación llegó a 8,171%.

Después de la implementación del plan de estabilización, mediante el Decreto Supremo 21060, la estabilidad de precios se convirtió en un patrimonio nacional y también una política de Estado. Tengo varios trabajos donde muestro que el 21060 se benefició del avance de la enfermedad hiperinflacionaria. Con los saltos en la inflación, los precios relativos de la economía se reconstruyeron en dólares. Sin embargo, la certidumbre que dieron las políticas monetarias y fiscales contractivas, posteriores a 1986, fueron muy importantes. 

La inflación promedio anual, entre 1987 y 2021, fue 7,2%. El nivel de precios bajos dura más de 34 años.  En este largo periodo, la estabilidad fue lograda con diversas políticas macroeconómicas y a diferentes ritmos.

Inmediatamente después del plan de estabilización, durante los gobiernos de Paz Estenssoro y Paz Zamora, la inflación se mantuvo en dos dígitos; entre 1987 y 1992, llegó a 13,5% al año. Entre 1993 y 1994, por primera vez, el nivel de precios bajó a un dígito: 9,3% y 8,5%, respectivamente. El año siguiente vuelve a ser elevada: 12,6%. Sin embargo, entre 1996 y 2006 –en 11 años (gobiernos de Sánchez de Lozada, Banzer, Mesa, Rodríguez, Morales)–, la inflación baja significativamente a un promedio anual de 3,8%.  A partir del segundo año de Morales, el nivel de precios sube a 11,7% y 11,8% en el 2007 y 2008. Entre 2009 y 2021, la inflación vuelve a registrar niveles bajos. Un promedio anual de 3,4% en 13 años. 

Durante todo este periodo existieron diversas combinaciones de políticas macroeconómicas que permitieron mantener la estabilidad de precios. Hasta el año 2010, el régimen cambiario de flotación sucia, el Bolsín, jugó un papel central en la estabilidad de precios, que fue acompañada de políticas monetarias y fiscales más prudentes. Sin embargo, si se producía una mayor expansión monetaria o un incremento del gasto público, por ejemplo, y dado que la economía era muy abierta, la demanda de dólares para importaciones hacía que se produzca una minidevaluación. Subía el precio de la divisa en Bs 1 o 2. Los saltos en el precio del dólar no eran mayores porque el Banco Central intervenía vendiendo divisas. Las minidevaluaciones fomentaban las exportaciones, pero sobre todo desestimulaban las importaciones.

Una parcial entrada de dólares aumentaba la oferta y el tipo de cambio nominal se apreciaba. El dólar baja de precio en Bs 1 o 2. Este sistema permitía que el tipo de cambio real este constante. Las expectativas inflacionarias estaban ancladas al sistema del Bolsín.    

A partir del año 2006, los instrumentos de sustentación de la estabilidad de precios cambiaron. Se opta por subsidiar el precio interno del diésel, la gasolina y alimentos (sobre todo el pan) y se promueve la bolivianización, lo que ayuda a mantener la inflación baja.

Asimismo, desde 2011 se congela el tipo de cambio fijo (6,86 venta – 6,96 compra). En este nuevo régimen cambiario, la mayor expansión monetaria y/o el incremento del gasto público, que exigían más dólares para financiar las importaciones en alza, se financia con la pérdida de reservas internacionales del BCB. Con un tipo de cambio nominal fijo y un tipo de cambio real apreciándose, Bolivia comenzó a importar bienes más baratos, lo que también ayudó a mantener baja la inflación en los últimos años.

El costo financiero de mantener precios bajos aumentó significativamente y se tradujo en una pérdida significativa de las reservas internacionales y el aumento del déficit público asociado a los subsidios. Además, las expectativas inflacionarias se anclan a un tipo de cambio fijo.

En suma, la inflación será baja en la medida en que se cuenta con recursos para financiar las subvenciones. Éstas, en gran parte, se financiaban por los ingresos que provenían de las exportaciones de gas a Brasilia y Argentina. En el 2014, el Estado recibía más de 5.200 millones de dólares del sector. En 2021, éstas bajaron a 2.600 millones de dólares. En términos de ingresos, habrá que ver si la bonanza externa registrada en el primer semestre de 2022, asociada al aumento de los precios de los minerales y los granos, será suficiente para compensar el agujero fiscal.  

La combinación de políticas económicas actuales, que mantienen los precios de la economía bajos, no parece sostenible; además, comen parte del ahorro interno e inhiben, de manera estructural, la posibilidad de un desarrollo productivo diversificado. Tampoco se ve en el horizonte de las políticas públicas una reforma tributaria que cobre impuestos a los nuevos ricos del proceso de cambio (cocaleros, mineros y gremiales grandes) ni una racionalidad en el gasto público. Medidas que aliviarían la hambruna fiscal.