Campeones en exportar deforestación

América Latina está considerada como la zona continental con mayor emergencia de deforestación ilegal: casi el 90 por ciento de la pérdida de bosques está fuera de la ley. Esta cifra se ha incrementado en casi 30 por ciento las dos últimas décadas y está muy por encima de África (66 %) y Asia (41 %). Según la última evaluación de los recursos forestales mundiales de la FAO, el 90 por ciento de la pérdida de bosques en el mundo se debe al cambio de uso de suelos para actividades agrícola-pecuarias: más del 50 por ciento para cultivos y casi el 40 por ciento para ganadería. En Sudamérica, el 70 por ciento del cambio de uso de suelos es para generar pasturas para ganado bovino y el 20 por ciento para cultivos como la soya.

Efectivamente, el estudio de Dummett y Blundell (2021) en 23 países con bosques tropicales sostiene que la deforestación ilegal está vinculada a la producción de materias primas agrícolas y pecuarias altamente demandadas en los mercados internacionales: cultivos de soya (93 %), cacao (93 %) y productos ganaderos (carne bovina 81 % y cuero 87 %); les siguen el aceite de palma, café, maíz y caucho (Forest Trends, 2019). Sudamérica alberga a cinco de los principales exportadores de carne y soya a nivel mundial: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que en 2019 ingresó al puesto 10 —detrás de Ucrania— como principal país productor de soya (IBCE, 2019) y que actualmente destina el 86 % de su producción cárnica para exportación a China. Este país asiático consume más del 50 por ciento de toda la producción cárnica para exportación de la región, le sigue Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Rusia, Israel y Chile, entre los principales. 

A este proceso de comercialización de agrocommodities se le conoce como “deforestación exportada” y afirma que el agronegocio latinoamericano está vendiendo al exterior materias primas cargadas de dramáticos pasivos ambientales como la deforestación ilegal. El problema es estructural, ya que en la región el sector agropecuario no es considerado por las leyes altamente extractivo e intensivo en el uso de recursos naturales y no se lo asocia directamente con la producción de pasivos, como se hace con los hidrocarburos o la minería, por ejemplo. Esto provoca que a la fecha no se haga ningún seguimiento relacionado con los graves impactos de ampliación de la frontera agrícola – pecuaria: entre 2013 a 2019, 26 millones de hectáreas (Mha) de bosques en Sudamérica cambiaron su uso de suelo con fines de agricultura comercial y lo producido en al menos 6,2 Mha fue exportado, con un alto riesgo de involucrar mercancías con pasivos de deforestación ilegal (Dummett y Blundell, 2021). Sin duda Brasil encabeza la lista como el país con más deforestación acumulada en la región (20,4 Mha), que afecta a los bosques de la Amazonía, el Cerrado y Pantanal; le secunda Bolivia (2,5 Mha) que ha tenido un trágico ascenso ocupando el puesto tres a nivel mundial y el segundo en Latinoamérica, con una pérdida de bosques que afecta a la Chiquitanía, Amazonía, Chaco y Pantanal.

De mal en peor, la última década gobiernos como el de Jair Bolsonaro o Evo Morales coincidieron en desarmar la legislación que protegía bosques y biodiversidad, para imponer normas que apoyan abiertamente al agronegocio. A la par, las empresas productoras de soya y carne no están preocupadas por los pasivos ambientales que provocan, como ejemplo está el caso del frigorífico JBS —sin duda la empresa brasileña de mayor facturación y expansión mundial— denunciada el año pasado por proveerse de ganado criado en estancias que deforestan ilegalmente. Acorde con esto, Burley y Thomson (2021) determinaron que más del 70 % de las empresas involucradas en las cadenas de la carne bovina, soya y cuero no cuentan con cláusulas ambientales. También, que 93 de 150 instituciones financieras —que están expuestas a la deforestación mediante sus inversiones— no tienen políticas de supervisión ambiental.

Con esto queda claro que productores locales ganaderos o soyeros, empresas comercializadoras y países consumidores tienen responsabilidad sobre los terribles impactos de este modelo de producción en los bosques. En ese sentido, el caso de la UE podría sentar un precedente, pues fruto de la presión ciudadana actualmente debate un reglamento contra la importación de agrocommodities que deforestan en el lugar de origen, como la carne bovina y la soya. Esta medida podría influir en el consumo mundial, pues recientes investigaciones demuestran que consumidores de China, EEUU y la UE dejarían de comprar productos que destruyen bosques masivamente (Fesenfel, 2021). El objetivo evidente es presionar a los grandes mercados como el chino, para que las materias primas agrícolas y pecuarias bajo riesgo de deforestación legal o ilegal no encuentren refugio, ya que la no regulación de la deforestación exportada/importada se convierte en un incentivo a la destrucción de bosques, de su biodiversidad y nos hace más vulnerables frente al cambio climático.