Denuncian que el MAS hace leyes a medida para controlar la sociedad

Abogados y analistas denuncian que el Gobierno continúa con su arremetida o la intención de tener el control de instituciones que tienen información patrimonial de los ciudadanos, además de promover normas para ejercer control sobre todas las instituciones tanto públicas como privadas.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), a lo largo de sus administraciones, ha promovido normativas y acciones que le permitan acceder a información de los pobladores del país, según analistas y políticos de oposición, para observar sus actividades e incluso utilizar la información como chantaje.

Desde 2021, el Ejecutivo nacional, a través del Viceministerio de Defensa el Consumidor, promueve que el registro de Derechos Reales, que se encuentra en manos del Órgano Judicial, pase a manos del Ejecutivo.

El titular de ese despacho, Jorge Silva, en la gestión pasada, informó sobre el anteproyecto de ley para la creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales, que busca sustituir la Ley del 15 de noviembre de 1887, que se encuentra vigente y fue actualizada en 2011.

“Es la única ley que está en vigencia después de más de 134 años y no ha permitido tener una institución transparente, oportuna que brinde seguridad jurídica a la población, sino, más al contrario, se ha convertido en una institución totalmente ancestral, caduca hasta corrupta generando diferentes problemas entre privados y públicos”, dijo en su momento la autoridad.

El abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero señaló que el problema de Derechos Reales es estructural del Órgano Judicial y del Consejo de la Magistratura, pero que una solución real no consiste en pasar esta administración al Ejecutivo.

“No se debe improvisar llevando Derechos Reales al Ejecutivo para simplemente recaudar más plata y mantener a la gente sin seguridad sobre sus propiedades y eso es peligroso”, explicó.

El economista y exdirigente sindical Lucio Gonzáles de manera coincidente indicó que la intención del Gobierno es controlar estas oficinas a objeto de recaudar fondos para el Estado.

“Lo que quieren es tener el control de Derechos Reales para en el futuro recaudar fondos para el Estado, todas las leyes tienen un objetivo, todas que tiene que ver con la recaudación de fondos”, sostuvo.

Objeto de chantaje

Ante la falta de aprobación o de una norma en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el viceministro Silva recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para tener el control de Derechos Reales (DDRR) y que los recursos que se generan a partir del registro de bienes ingresen a las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN).

El Gobierno, a través del diputado Renán Cabezas del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó al TCP un recurso en busca de que se declare la inconstitucionalidad de las normas relativas a la estructura y funcionamiento de Derechos Reales, además se exhorte a la Asamblea Legislativa a sancionar una ley especial de Derechos Reales y ordene al Ejecutivo regular de forma provisional el sistema de Derechos Reales, mientras el TCP resuelve esa acción.

El abogado y exalcalde de La Paz Juan del Granado dijo que el argumento que se utiliza para intervenir DDRR es la antigüedad de la norma, la burocracia, la corrupción, la ineficiencia. Pero señaló que dejar su administración en manos del Ejecutivo sería nefasto.

“El remedio será peor que la enfermedad. Poner ‘provisionalmente’ en manos del Gobierno el patrimonio de las personas puede ser nefasto, porque los gobernantes no solo irán en busca de los recursos públicos que están escaseando, sino que meterán sus narices en los bienes de la gente que, sabemos, es uno de los mecanismos al que siempre han apelado los tiranos para anular o someter a la sociedad”, aseguró.

El economista Gonzáles sostuvo que hay necesidad de generar recursos para el Estado por la escasez de ingresos.

“El Gobierno quiere controlar DDRR porque se vienen grandes problemas económicos, las reservas internacionales que están bajando sustantivamente, control absoluto, entrar en una relación de chantaje con la sociedad civil para seguir controlando, manipulando y que no se investiguen los casos de corrupción”, indicó.

“En Bolivia una de las fuentes de ahorro que tiene la gente son las viviendas, la gente trabaja toda una vida para poder hacerse de un pequeño bien inmueble y resulta que no tiene la más mínima seguridad sobre ese bien y puede salir perjudicado. Es como tener plata en un banco que no me da la seguridad que la plata que pongo ahí la voy a poder disfrutar adecuadamente o va a estar bien protegida y frente al problema es cambiar a otro banco que tampoco brinda las mínimas seguridades. El problema se mantiene latente”, señaló el legista Goitia  e hizo una analogía con los ahorros en un banco.

Supercontrol

La semana pasada, legisladores de oposición denunciaron que el gobernante MAS busca crear un “suprapoder en la Contraloría General del Estado (CGE) con el proyecto de ley de supervisión y acceso a la información en el ejercicio del control gubernamental”.

El senador por Creemos Henry Montero dijo que el objetivo del proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores “es similar al del colaborador eficaz y el testigo clave’.

“El fin es tener como objetivo el control gubernamental no solo de las instituciones del sector público, va más allá cuando abre el abanico de las empresas privadas, cooperativas y asociaciones. Hoy entra el control gubernamental, con un auditor gubernamental, esto para que podamos tener en contexto la intención que tiene el proyecto de ley”, explicó el legislador. 

Agregó que el MAS con este “control gubernamental” busca investigar, allanar y hasta incautar información y documentación de empresas privadas y medios de comunicación.

El constitucionalista Goitia dijo que la mayoría masista en el Legislativo se ha puesto muy oficiosa, ágil para aprobar leyes sin discutirlas, sin informar al pueblo lo que se está discutiendo.

“De un superauditor que de pronto termina siendo un gran inquisidor para los actores públicos, los actores privados, excediendo el límite que tiene el Estado en la fiscalización, tal parece que no se dan cuenta que la corrupción está enquistada en la estructura del Gobierno, pero quieren utilizar un mecanismo más bien de fiscalización para aquello que está fuera de la estructura del Gobierno, algo que no tiene sentido”, indicó Goitia. Dijo que el propósito es amedrentar a la sociedad, meter la mano en lo privado, además que consideran a los millones de bolivianos como delincuentes.

Para Gonzáles, este proyecto es otra medida que tiene como objetivo “seguir caminando por el rumbo del fraude, chantaje para amedrentar a la población, para tener un control en todos los planos”.

Construyen un Estado inquisidor

El abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia aseguró que el Gobierno tiene una visión policial inquisidora en el Órgano Ejecutivo, ya que trata de meterse en la vida de los bolivianos y las bolivianas. “Busca meterse hasta en los más mínimos detalles, porque el Gobierno ve a los bolivianas y bolivianos como potenciales delincuentes, no los ve como seres libres, como seres inocentes, nos ven a todos como potenciales delincuentes. Lo que pasa es que a partir de toda esa información se busca el control político de las personas”, dijo.