Solidaridad fuera de foco
El informe de fondo sobre los sucesos del 16 de abril de 2009, cuando tuvo lugar la violenta intervención de la Unidad Táctica de Resolución de Conflictos de la Policía en el cuarto piso del hotel Las Américas, donde en sus respectivas habitaciones dormían Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi, Michael Dwyer, Elöd Tóásó y Mario Tadic, es demoledor, en términos jurídicos, para quienes ordenaron y ejecutaron aquel sangriento operativo. Y también para aquellos que instruyeron las aprehensiones y defectuosos procesamientos penales de Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, presuntos implicados en el caso en cuestión.
Riguroso y preciso, como lo son todos los documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habrá que especificar que se trata de un informe de fondo a petición de la madre de Michael Dwyer, Caroline Dwyer, y Gerardo Gianni Prado Herrera, que determina las vulneraciones en que incurrió el Estado Plurinacional en el mal llamado “caso terrorismo” con respecto a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ratificado por el Estado y que integra el bloque de constitucionalidad mediante el artículo 410 de la Constitución Política del Estado.
No se determina la responsabilidad penal de quienes actuaron en estos lamentables hechos —no es competencia de la CIDH—, pero el pedido busca que se identifique, como no podía ser de otra manera, la responsabilidad internacional del Estado Plurinacional en particular en tres alegadas violaciones de los derechos contemplados en la Convención: ejecuciones extrajudiciales, torturas y detención ilegal de las presuntas víctimas sobrevivientes.
Es meticuloso el informe al contrastar tanto los alegatos del peticionario como del Estado, así como los fundamentos o determinaciones de hecho y los de derecho, en especial estos últimos, que derivan de la jurisprudencia o conjunto de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes para los Estados que se han adherido a la Convención; de tal modo que cada hecho, accionar o conducta de los protagonistas se analiza a la luz de los precedentes establecidos en otros casos.
Pues bien, hay que decir que, en conjunto, el informe es lapidario para el Estado porque hay transgresiones a los derechos humanos, lo cual implica que hubo ejecuciones extrajudiciales, tortura, excesivo y desproporcionado uso del poder coercitivo del Estado, falta de debido proceso, vulneración a la presunción de la inocencia y abuso de la detención preventiva, entre otras vulneraciones que deben ser reparadas. Un común denominador es que el Estado no investigó y tampoco sustentó con suficiencia su accionar en el operativo (¿puede hacerlo?, es la gran duda). De ahí que la segunda recomendación del informe sea iniciar cuanto antes una investigación penal para establecer responsabilidades ante estas violaciones a los derechos humanos.
Por tales razones, cabe determinar las responsabilidades del expresidente Evo Morales y de quienes ejecutaron estos actos que violaron derechos humanos y, por tanto, es un contrasentido la carta de apoyo o solidaridad de 48 de sus exministros y las expresiones de sus partidarios que sostienen que el informe debe ser rechazado, que Bolivia debe abandonar la OEA o bien que todo lo que hizo Morales “estuvo bien”. Nada justifica lo que ocurrió. Los hechos deben ser esclarecidos y deben establecerse las responsabilidades para quienes vulneraron los derechos humanos de siete personas.
