Gobierno intervendrá en 584 ha de tierras avasalladas en La Angostura
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, informó ayer que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), activará los mecanismos legales para desalojar los asentamientos ilegales en 584 hectáreas de tierras declaradas “fiscales”, por inmediaciones de la represa de La Angostura, en el municipio de Arbieto, pero no detalló la fecha. El área avasallada corresponde a la Hacienda Canelas, precisó.
“Estamos hablando de un predio total de 584 hectáreas, de las cuales 526 hectáreas son tierra fiscal, es del Estado, allí hay asentamientos ilegales, por eso, se van a tomar las acciones respectivas en cumplimiento de la normativa. Hay otro predio de 58 hectáreas que está en proceso de saneamiento y titulación, pero sigue siendo fiscal”, explicó.
La autoridad gubernamental aclaró que en tanto no salga el título de propiedad emitido por el INRA, esta entidad debe resguardar las tierras fiscales. Pero una vez que el trámite concluya, la defensa del predio es de entera responsabilidad de la persona beneficiada a través de la documentación que acredita su derecho propietario.
Anunció que el INRA hará gestiones ante el Ministerio Público para ingresar al área ocupada ilegalmente con un contingente policial, tras la emisión de una orden judicial de desalojo.
Gonzales añadió que las 58 hectáreas que están en curso de saneamiento corresponden a la Hacienda Canelas y que el trámite de titulación se encuentra en fase final.
“Según informes del avance, la titulación saldrá pronto, salvo que haya algún tipo de inconveniente, como que el Tribunal Agroambiental pueda observar cuando se hace la verificación final de la documentación”, aseveró.
El ministro de Desarrollo Rural sostuvo que se trasladó a Cochabamba para aclarar sobre la situación de los predios avasallados, después de conocer que la cantidad de denuncias por este ilícito subió de tres a 15 en los últimos meses.
Precisó que las víctimas que tienen el título de propiedad otorgado por el INRA pueden acudir para denunciar los avasallamientos a la Fiscalía y al Tribunal Agroambiental.
Respecto a los casos más relevantes, Gonzales puntualizó que entre estos se encuentran las disputas que se registran en la comunidad de Villa Copacabana en Tolata por 250 hectáreas de tierras. El trámite de saneamiento está paralizado a espera de un pronunciamiento del Viceministerio de Autonomías sobre la abrogación de la mancha urbana. Además, resalta el conflicto por predios en la zona Caico Villarroel, en el Cercado.
