Confusión social e independencia judicial

El homo habilis apareció hace unos dos millones de años, nombre asignado al humano debido a su habilidad para crear instrumentos de piedra, pero parece que tal habilidad en el ámbito de la organización social se ha esfumado.

Se cree que instalada la civilización la sociedad ingresó en un cuadro en el que la gente vive bien, en relación de amistad, respeto con equidad y en orden social, pero por la angurria del poder y del dinero y el desconocimiento de la ayuda mutua, la sociedad está en picada y en plena degeneración, la organización de la sociedad sea capitalista o socialista es todo un desastre.

De buena fe el liberalismo creó la teoría de la separación de poderes y concibió que éstos deberían funcionar de manera independiente abstrayendo que en la realidad social civilizada no puede haber varios poderes, sino uno solo, predominante, aplastante, para eso nació el Estado.

En Bolivia, país pobre, con pretensiones de Estado, esta confusión se produce con contundencia. Se alude a la existencia de cuatro poderes estatales, que para suavizar el engaño se habla de órganos en vez de poderes, falsamente iguales en jerarquía.

En Bolivia, con toda brutalidad civilizada, existe un solo poder, es el concentrado en el “poder” Ejecutivo y los otros apenas son sus órganos dependientes, son sus brazos o sus piernas, pero jamás su cerebro, es con esos brazos que el poder único realiza iniquidades.

En Bolivia, ante tanto abuso, hoy se habla de la independencia del “órgano” judicial, cuando ese órgano es el brazo derecho del Poder Ejecutivo hegemónico. Pedir la independencia judicial es exigir que el poder central se ampute sus brazos, cercenamiento que jamás lo admitirá pues al día siguiente se derrumbaría. Esta es la realidad, sin mentirle a la gente.

Hay un grupo de abogados y políticos denominados independientes que persigue reformar la Constitución buscando que la justicia deje de depender del poder central.

Observando que el Ejecutivo impedirá dicha reforma aparece otro grupo de ciudadanos que no dice si es o no independiente (independencia que no sabemos respecto de qué o de quien) asegurando que no existe necesidad de reformar la Constitución, sino que basta una ley en la que se establezca que el Legislativo delegue, “prorrogue” su competencia (prórroga competencial prohibida por ley) a una comisión seleccionadora de “notables” (no sabemos en esta crisis de valores quién podrá ser notable) encargada de efectuar la preselección de magistrados, cuyo resultado sería enviado al Parlamento para la designación definitiva de magistrados, aprovechando —dicen— que el MAS no cuenta con los dos tercios requeridos obligando a que oficialistas y opositores tengan que “negociar” los nombramientos.

Ambas propuestas confluyen en que la elección final de magistrados se realice en última instancia en el Legislativo, es decir, por mañosa previsión constitucional los políticos continuarán decidiendo quien es o quien no es magistrado y con ello esa justicia seguirá dependiendo del poder político; además coinciden en la permanencia de las absurdas elecciones judiciales nacionales ya vetadas por el pueblo con su voto nulo.

Por eso, la única forma de contar con una justicia independiente es efectuando una cirugía en el cuerpo social, siendo deseable la desaparición del Estado y del gobierno “totalizador”, debiendo el pueblo organizado eliminar la artera llamada “representatividad” y directa y comunitariamente impartir justicia pública, sin jueces, fiscales ni policías. Esa forma de organización social ya existió en tiempos pasados, es el origen de lo que hoy se denomina cabildo.

Recuperemos el cabildo y el referéndum, como el 21F, como únicos institutos de gobernación e irrevisable determinación del pueblo.