Extraviada justicia
La reciente imputación de una jueza por los “delitos de incumplimiento de deberes y supresión o destrucción de documento” es uno más de los casos que evidencian la calidad del sistema judicial boliviano y la falta de probidad de muchos de sus funcionarios.
Pero este caso tiene, además, una característica ligada al peor de los defectos de la administración de justicia: su falta de independencia.
Esa magistrada —de cuyo despacho “se extraviaron” 92 expedientes judiciales y que es objeto de 90 denuncias por retardación de justicia, resoluciones ilegales e incluso maltrato o torturas a litigantes— tiene vínculos con la más alta dirigencia del MAS.
Ella es hermana de un exmagistrado del Tribunal Constitucional que en 2017 firmó el fallo para habilitar a Evo Morales a una nueva reelección, burlando así el mandato del referendo de febrero de 2016.
Su aparición en un video publicado en la cuenta de Twitter de Morales —en 2021, en plena campaña para las elecciones subnacionales— ilustra bien su proximidad con el partido azul.
Los procesos en su contra no prosperan en el Consejo de la Magistratura —que la destituyó tres veces— porque “desgraciadamente hace uso indebido de influencias”, asegura la abogada que representa a una de las víctimas de sus actos.
Poderosas influencias las que vienen del poder político y despojan a la administración de justicia de su indispensable independencia.
Una independencia imposible cuando los magistrados de los más altos tribunales de justicia del país —que designan a los jueces— son elegidos de listas aprobadas por el partido político con mayoría suficiente en la Asamblea Legislativa.
Cambiar eso es el propósito de la iniciativa ciudadana para un referendo que emprenda la reforma del sistema judicial boliviano.
A eso apunta la primera pregunta del referendo propuesto: “¿Usted está de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado para crear una Comisión Nacional de Postulaciones de funcionamiento permanente, con autonomía orgánica, administrativa y funcional integrada por nueve miembros que cumplirán funciones por 10 años sin derecho a una nueva designación , y que seleccionará ternas de postulantes a máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Fiscalía General de Estado para su designación por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional y posterior aprobación o rechazo mediante referendo?”.
Una respuesta afirmativa a esa pregunta podría liberar a la justicia de su politización. Para comenzar a lograrlo se necesita un millón y medio de firmas.
