Lima anuncia para octubre las acusaciones por Senkata y Sacaba; Áñez enfrenta una posible condena de 30 años
El ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó que la Fiscalía presentará este octubre la acusación formal por los casos Senkata y Sacaba, para dar curso a los juicios en los que la expresidenta Jeanine Áñez enfrenta una posible condena de 30 años de cárcel por el delito de genocidio.
Lima brindó la información a tiempo de referirse al avance en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
"El Fiscal General del Estado me ha informado que, durante el mes de octubre, van a presentar ya la acusación en los casos de Sacaba y Senkata, que están en la parte final para la conclusión de los requerimientos acusatorios para llevar a juicio oral público y contradictorio estos graves hechos que constituyen el núcleo de la vulneración de los derechos humanos en la crisis del 2019", dijo Lima.
En estos casos se investigan los hechos de noviembre de 2019 que fueron calificados por el GIEI como "masacres". Se registró 20 personas fallecidas en Senkata y Sacaba en operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía contra manifestantes que protestaban en contra del Gobierno de Áñez.
En el proceso están involucrados Áñez, exministros, además de militares y policías. El ministro Lima recordó que se está juzgando en este proceso la sanción de "30 años sin derecho a indulto por el delito de genocidio, en la vertiente de graves masacres sangrientas".
Áñez ya fue imputada por el delito de genocidio en ambos procesos, donde también fue cautelada en la vía ordinaria. Con una acusación formal, se daría inicio a los juicios respectivos para que se emita sentencia.
Lima señaló que el juicio tiene que ser realizado conforme a la normativa, de forma permanente y continua, en la ciudad del Alto por el caso Senkata y en Sacaba por las muertes en el puente Huayllani.
Áñez rechaza ser sometida a juicios ordinarios por estos casos, toda vez que ocurrieron durante su presidencia. Considera que debe ser juzgada en juicio de responsabilidades, previa aprobación de dos tercios de la Asamblea.
