“Estamos ardiendo”
El fuego está arrasando territorios de cinco parques nacionales y de otras áreas no protegidas, son tantos, que el humo de los incendios llega a las ciudades, opacando el cielo, mientras la respuesta del Gobierno a esta catástrofe que no quiere reconocer es minúscula frente a la dimensión del desastre.
“¡No se nos quema solo un municipio o comunidad, estamos ardiendo!” exclamaba el viernes Claudia Flores, representante de la Defensoría del Pueblo, al reflejar la crítica situación en la que se encuentran aquellas regiones donde el fuego sigue devastando los bosques y la biodiversidad y provocando daños medioambientales de larga duración e incalculable perjuicio.
La funcionaria asegura que se identificó “una inadecuada respuesta” y “altas debilidades” de parte de varios niveles del Estado para sofocar los fuegos.
“Los incendios están destruyendo los bosques y los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. El Gobierno debe tomar medidas para apagar los incendios, prevenir otros en el futuro y respetar los derechos humanos”, manifiesta el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, David R. Boyd.
Y son, precisamente, cinco derechos humanos vulnerados como consecuencia de los incendios, los que fueron identificados por la Defensoría del Pueblo: a la salud, al medio ambiente sano, a la vida, a la vivienda y a la alimentación. Además de siete derechos de la Madre Tierra transgredidos: a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibro, a la restauración, y a vivir libre de contaminación.
Los incendios que castigan al país han comenzado hace dos meses, y era previsible que así fuera pues la sequía y las condiciones climáticas imperantes en las regiones más amenazadas por el fuego son peores que las de 2019, cuando ardieron más cinco millones de hectáreas.
Nada pueden hacer las autoridades para modificar las condiciones climáticas, es evidente. Pero no son solo éstas las que propician la actual catástrofe ambiental.
Los incendios forestales son resultado de políticas públicas que los fomentan, de manera inequívoca, mediante normas legales aprobadas durante el gobierno del MAS, con el propósito de expandir la frontera agrícola.
Son al menos ocho leyes nacionales y dos decretos los que constituyen “las normas del paquete incendiario”, cuya abrogación ha sido solicitada desde 2020, en repetidas oportunidades y por diferentes colectivos ciudadanos, sin resultados.
Y el Órgano Ejecutivo se conforma con enviar ayuda para las poblaciones más afectadas por los fuegos y desplegar asistencia para mitigarlos.
Es insuficiente y hace pensar en una suerte de complicidad del Ejecutivo frente al desastre y sus consecuencias.
