Planificación y metropolización

En Bolivia la planificación como conjunto de procesos, instrumentos técnicos y normativos para regular el uso del suelo y reglamentar las condiciones de conservación o transformación aún no es parte de políticas de Estado que vayan más allá de cualquier administración temporal. Su manejo cortoplacista no establece aspectos de una organización sistémica de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, urbanización y metropolización.

Como todos los procesos de ampliación de la mancha urbana que responden al fenómeno metropolitano, las ciudades expandidas han generado en su periferia, una suburbanización con matices cada vez más alejados del carácter tradicional monofuncional, y una condición residencial predominantemente dispersa de homogénea densidad con alta dependencia de la ciudad central, con marcado nivel de segregación social.

Las economías urbanas emergentes promueven procesos de crecimiento consolidando sólo expansiones y no desarrollo, por lo que esta clasificación debería tender a afianzar diseños urbanos sostenibles en el tiempo, estimulados por una planificación equitativa, de renovación y evolución urbanas con mayor orden social y urbanístico que la propia necesidad de agruparse sin condiciones y sin protección para la salud ambiental.

La planificación territorial en Cochabamba no incluye el ordenamiento de la “ciudad metropolitana”, y menos, se puede entender que su organización responda a una planificación holística. Algunas estrategias que no alcanzan la condición de instrumentos de operativización están fuertemente concentradas en varios ministerios, evidenciando un carácter de centralización en términos de la toma de decisiones. Por parte del Ministerio de Planificación destacan roles específicos de regulación de la urbanización en el espacio; y, por parte del Viceministerio de Autonomías la implementación de la política nacional vinculada con la delimitación y homologación del área urbana y la gestión territorial y, la coordinación interinstitucional pública y privada para apoyo del funcionamiento metropolitano. Sin embargo y sin constituir parte del Consejo Metropolitano (CM), el Ministerio de Obras Públicas también tiene influencia por encontrarse a su cargo la ejecución de proyectos de infraestructura nacional con incidencia en el territorio metropolitano.

Por otro lado, el poder político y administrativo concede a quien dirige la condición metropolitana localmente —el caso del gobernador— y, en el ámbito nacional, los dos ministros componentes del CM, en sus respectivas carteras sectoriales, reflejan una sobreposición de decisiones a la entelequia de cada territorio; por lo que resulta imperativo incorporar una visión multisectorial y de coherencia técnico-política que permita entender y atender eficientemente la problemática metropolitana.

La falta de coordinación intermunicipal por parte de sus alcaldes inviabiliza la posibilidad de contar con un plan regulador metropolitano que atienda ética y equitativamente las necesidades de sus componentes territoriales, la transferencia de información institucional, y la construcción eficaz de un desarrollo multidimensional y multiescalar, coordinado y articulado racionalmente como expresión integral de objetivos y estrategias desarrolladas entre los diversos niveles del Estado.

La incorporación en la toma de decisiones de la comunidad, tanto para mejorar los procesos participativos, como la relación con la institucionalidad publica, no puede tener solo un enfoque informativo. La visión sectorialista no incluye procesos eficientes de planificación urbana y gestión ambiental, debido a la falta de voluntad política de autoridades nacionales y subnacionales, que deja en evidencia la baja posibilidad de mejorar la participación ciudadana y su relación con las políticas de inversión pública.

Finalmente, dado que algunos elementos de evaluación de regencia institucional muestran su carácter fragmentado y fuertemente disociados del territorio, es importante evaluar el desempeño de indicadores de planificación en términos de ordenamiento territorial, comportamiento metropolitano y sustentabilidad urbana integral vinculados a la nueva agenda urbana (NAU), inscritos en un observatorio urbano territorial (OUT), y funcionales para el mejoramiento de patrones de conducta ciudadana, y relevantes para la gestión de políticas públicas.

A varios años de la promulgación de la ley que avala la conformación metropolitana de Cochabamba, su comportamiento evidencia que no existe una tutela armónica, reflejando una cultura de desarticulación, posiblemente heredada de la reforma agraria, donde la proyección de corto y mediano plazo refleja que el futuro no depara mayores cambios y que desde el nivel central no se plantean lineamientos institucionales de fortalecimiento a la planificación con participación ciudadana.

Es imperativo constituir, sistematizar y vincular políticas públicas integrales de largo alcance, y coordinación institucional metropolitana para lograr objetivos intersectoriales de desarrollo.

El autor, Ph.D., es investigador del Ceplag – UMSS, mkquiroga@gmail.com