Censo y posibles distorsiones
“La expectativa principal sobre (el Censo): más población = más recursos, se convierte en una de las mayores amenazas para su éxito”, decía en octubre de 2012 —semanas antes de la realización de la encuesta nacional de ese año— Luis Pereira Stambuk, especialista en elaboración y análisis de estadísticas.
Él sabía de lo que hablaba, pues había sido director del Censo Nacional de Población y Vivienda (CPV) 2001. “Con seguridad, autoridades de varios Gobiernos municipales emitieron instrucciones conminando a su población, o familias y personas nacidas en su región y que tienen propiedades en sus municipios, a trasladarse a sus lugares de origen el día del Censo, caso contrario atenerse a sanciones”, agregaba.
De igual manera que en 2012, ese interés en mantener, o incrementar los recursos de coparticipación tributaria que reciben los municipios se traduce este año en iniciativas como la de las autoridades de la universidad pública de Chuquisaca que exigirá a sus estudiantes una certificación de que han sido censados en Sucre como requisito para rendir sus primeros exámenes parciales.
La justificación de esa medida, apoyada por el Alcalde de Sucre, es que los estudiantes de la universidad, cerca de 50 mil, viven en esa ciudad y ahí deben ser censados.
Más allá de las posibles sanciones por no estar el día del Censo en la localidad de origen o estar obligado a permanecer donde se reside, son medidas cuestionables, el hecho de que se intervenga de manera oportunista en el desplazamiento de personas con fines de interés local puede tener perjuicios a escala nacional.
La razón de ello es que “los censos están íntimamente relacionados a la planificación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de desarrollo, de los planes nacionales, departamentales y municipales de desarrollo y planes operativos anuales. Sin información estadística adecuadamente obtenida, no es posible planificar, fijar metas, evaluar resultados o medir impactos”, como explicaba en 2012 el entonces director del CPV 2001.
Es decir que esos desplazamientos van a generar distorsiones en los datos poblacionales, provocando una distribución de recursos con base en resultados que no son reales.
Este aspecto que, en principio, parece beneficiar a las localidades de donde son originarios quienes vuelven allí para ser censados, en realidad perjudica a ellos mismos, pues los municipios donde residen no recibirán los recursos de coparticipación proporcionales a su población efectiva.
Y esa distorsión redundará en deficiencias de los servicios públicos de salud, educación e infraestructura.
La migración de habitantes de poblaciones pequeñas hacia ciudades más grandes es un fenómeno mundial y tendríamos que encararlo, desde la ciudadanía, como un hecho irreversible al que hay que adaptarse y eso será más factible con datos que reflejen la realidad.
